Así lo informaron en rueda de prensa el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicano de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee), Rubén Jiménez Bichara; y el administrador general de la central eléctrica, Jaime Aristy Escuder.

Para garantizar el flujo de recursos a la central se creó un fondo contingente por 336 millones de dólares, "que serán reembolsados para cualquiera de las dos partes tomando como base la sentencia que surja del tribunal de arbitraje", según la explicación.

Las partes se encuentran en un proceso de arbitraje ya que mientras el Gobierno asegura que el contrato con Odebrecht para la construcción de la termoeléctrica es de 1.945 millones de dólares, la multinacional brasileña asegura que los costos de construcción han elevado esa suma.

En ese sentido, Aristy Escuder ratificó la posición del Gobierno "de no pagar un centavo más sobre el valor contractual" y señaló que esa posición "será defendida por una de las oficinas de abogados más prestigiosas" de Washington y Nueva York, la Foley Hoag

"Lo que hemos hecho es identificar una partida económica que impida la paralización de la obra y que debe ser compensada para una u otra parte con base en una decisión judicial", dijo, por su lado, Jiménez Bichara

Cada desembolso se realizará siempre contra ejecución de la obra y será auditado mensualmente "por una firma auditora de reputación internacional, subrayaron.

"Es decir, se entregarán los pagos a medida que se vaya finalizando la obra, estableciendo penalizaciones adicionales en caso de atraso", agregaron.

El acuerdo permitirá que la primera unidad de la planta comience a operar a finales de 2018 y la segunda en febrero de 2019.

En caso de no cumplir fechas acordadas, se establecen penalidades adicionales de 220.000 dólares por cada día de atraso, pagado por el consorcio constructor al Gobierno.

Este proyecto, cuya licitación estuvo bajo investigación, ha sido criticado por sectores políticos que aseguran que fue sobreevaluado y por grupos que aseguran que afectará al ecosistema y a la salud de las personas de la provincia Peravia, especialmente de la comunidades cercanas a Punta Catalina y a la ciudad de Baní.

Odebrecht es objeto de investigación en República Dominicana por los sobornos que admitió haber pagado para acceder a obras públicas en el país por valor de 92 millones de dólares.

Por el caso fueron imputadas siete personas, entre ellos políticos y empresarios.

Odebrecht llegó a un acuerdo con la Procuraduría por el que deberá pagar 184 millones de dólares en varias cuotas, el doble de lo entregado en sobornos.