El comercio ilícito es un mal que afecta a todas las economías a nivel mundial. Cada año más marcas y productos se ven afectados por el contrabando y falsificación, por lo que las industrias deben reaccionar para evitar pérdidas millonarias.
Un combate exitoso al comercio ilícito amerita un trabajo estrecho y coordinado entre las diferentes agencias gubernamentales y las industrias a diferentes niveles, según explica Joanna Crellin, Comisaria de Comercio de Su Majestad para América Latina y el Caribe.
Al participar en el Foro Internacional sobre Comercio Ilícito, organizado por la Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD), Crellin habló sobre la experiencia de Reino Unido, que logró reducir el mercado ilícito de bebidas alcohólicas de un 16% en 2000-2001 a un 4% en 2016-2017.
Mientras, Chris Campbell, embajador del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, aseguró que el comercio ilícito es uno de los principales obstáculos para el desarrollo de un verdadero libre comercio. “Causa un gran daño a las inversiones, a las marcas, a las reputaciones comerciales y hasta a la misma sociedad”, indicó.
En República Dominicana se promulgó a finales de febrero de este año la Ley 17-19 para la Erradicación del Comercio Ilícito, la cual proporciona las herramientas para combatir y sancionar redes criminales que contrabandean, distribuyen y comercializan medicamentos, cigarrillos, bebidas alcohólicas y combustibles de forma ilegal.
De acuerdo con el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Nelson Toca Simó, además de castigar a los infractores, la pieza legislativa establece protocolos para mejorar la coordinación interinstitucional y crea una comisión público-privada para diseñar e implementar estrategias efectivas que ayuden a la prevención de esos delitos.
En ese sentido, Leonel Melo, presidente de la Cámara Británica de Comercio (BRITCHAM), aseguró que el ilícito es una distorsión del mercado que hace necesaria la intervención del Estado para complementar al sector privado y apoyarlo en su rol natural de crear valor.
Asimismo, afirmó que la ley es el producto de una alianza público-privada y que la BRITCHAM busca incubar este tipo de alianzas que contribuyen a mejorar el clima de inversión “del que nos sentimos tan orgullosos en República Dominicana”.
El comercio ilícito en República Dominicana se ha disparado en los últimos años, impulsado por su ubicación geográfica que actúa como puente entre América del Sur y Estados Unidos, así como por la frontera con Haití.
Es por ello que el país ocupa el puesto número 71 de 84 países, con un puntaje general de 42.7 (sobre 100), en el Índice del Entorno Global del Comercio Ilícito elaborado por la Unidad de Inteligencia de The Economist a solicitud de la Alianza Transnacional para la Lucha Contra el Comercio Ilícito.
El informe, presentado durante el Foro Internacional sobre Comercio Ilícito, resalta los altos niveles de informalidad presentes en la economía (el sector informal representó el 52.7% de la fuerza laboral en el 2016, según el Banco Central) y la corrupción predominante en las fuerzas militares y de seguridad.
Además de que “las frecuentes reformas impositivas, la última de las cuales tuvo lugar en 2012, también han promovido la evasión fiscal y formas relacionadas de comercio ilícito de alcohol, tabaco, petróleo y productos farmacéuticos, entre otros”.
La Alianza Transnacional para la Lucha Contra el Comercio Ilícito propuso un decálogo de prioridades de políticas para República Dominicana, entre las cuales se destacan: Asegurar la plena adopción y la aplicación efectiva de la nueva legislación contra el contrabando (la Ley 17-19); fortalecer la cooperación interinstitucional a nivel nacional e intensificar la coordinación público-privada.
Son muchas las implicaciones del comercio ilícito, no solo en la parte económica, sino también en la confianza del inversionista por lo que puede afectar la posición de la empresa la conexión que tiene ese delito con el crimen organizado.
Joanna Crellin, Comisaria de Comercio de Su Majestad para América Latina y el Caribe, manifestó que también tiene un impacto económico general, porque algunas empresas piensan en no gastar dinero en innovación y desarrollo si al final su producto va a ser falsificado y vendido ilícitamente.
“Es un impacto sobre el clima de negocios y cuando se afecta el clima de negocios se afecta la capacidad de un país de tener ingresos que ese país eventualmente va a utilizar en su desarrollo, en salud pública, economía, carreteras, entre otras cosas”.
Explicó que los delincuentes se mueven rápido, por lo que los que aplican la ley tienen que ser más rápidos para evitar eso.
Además de trabajar en conjunto con las empresas y organizaciones internacionales, consideró que se debe educar al consumidor para indicarle cómo puede ayudar a combatir el comercio ilícito.
“Lo más importante es asegurarse que dentro de su sistema regulatorio usted cuente con las habilidades, conocimientos necesarios y adecuados para garantizar que se pueda cumplir de manera inteligente con la regulación”.