Las alianzas público privadas (APPs) permiten a los Estados solucionar problemas que afectan a los países. Por tal razón, al momento de firmar un acuerdo, las partes deben “definir claramente lo que se puede y lo que no se puede hacer”.

Así lo explicó Yvon Mellinger, jefe de Agua y Saneamiento del BID Invest, quien aseguró que las APPs “no son un fin, sino un medio para lograr un resultado”. Agregó que es “muy importante desde el inicio definir claramente cuál es el problema y en función a eso definir la modalidad más adecuada y las condiciones que tienen que estar en el contrato”.

Mellinger señaló que los contratos para desarrollar proyectos APPs deben contener cláusulas que aborden la resolución de controversias. Se deben considerar, además, las “crisis a lo largo de una concesión de 20 ó 30 años”.

“Vamos a experimentar crisis”, aseguró el ejecutivo de BID Invest. Recomendó que, tanto el sector público como el privado, manejen las crisis en términos de comunicación, a través de avisos a los clientes”.

“Las APPs mejoran claramente la calidad en el servicio, pero deberíamos hacer más en conjunto”, afirmó el economista jefe del Departamento de Infraestructura del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Tomás Serebrisky.

Durante su ponencia en el PPP Américas 2019, Serebrisky dijo que “es lógico que, de alguna manera, los focos de atención estén en las etapas iniciales de las APPs”, ya que en este proceso es donde “tenemos que hacer bien, desde la preinversión, estudios de factibilidad, analizar los instrumentos de estructuración”.

Señaló que “después de 20 ó 30 años de gestión de los activos es donde realmente vemos los beneficios para los usuarios”.

Contratos

La directora gerencial de Ernst & Young, Sue Lee, señaló que los sectores deben incluir en la alianza los desempeños que esperan alcanzar. Deben definir lo que esperan recibir en “las fases de operaciones y construcción del proyecto de APP”.

Asimismo, “el concesionario tiene que decir claramente cuáles son las expectativas que tiene para el gobierno”, esto permitirá que el inversionista pueda “manejarse en un entorno que le permita hacer bien su trabajo”.

Lee explicó que en el acuerdo deben incluir las reglas que “rigen la construcción de una operación” y las normas de “cumplimiento o de ejecución”.

Para elaborar estas normas de cumplimiento, la ejecutiva precisó que se debe procurar garantizar el desempeño. “Por un lado, las normas de desempeño tienen que estar claramente entendidas por ambas partes para que sepan en lo que se están comprometiendo, tienen que ser razonables y viables, porque muchas veces los gobiernos piensan que en el contexto de las APPs pueden lograr un desempeño que ellos jamás lograrían sin la ayuda de un inversor privado”.

También, deben entender cuáles son “las limitaciones del mercado y cuál es la norma que rige este tipo de contrato. Y si serán fácil de medir y fácil de identificar, es decir, tienen que tener indicadores clave de desempeño claros, porque podrán tener muchas diferencias de si se alcanzó o no”.

“Creo que las autoridades tienen que fijar normas de disciplinas”. Por ejemplo, “tienen que ver quiénes van a ser su contraparte, sus homólogos, en el mercado”.

Expresó que los sectores deben asumir compromisos que puedan cumplir. “Lo más difícil para las autoridades del Gobierno es el cumplimiento en un ámbito en el que no tengan mucha experiencia”.

Tecnología

Las APPs se ven afectadas por los cambios tecnológicos, ya que las innovaciones pueden “ocurrir a todos los niveles y a todas las etapas de los procesos”, aseguró el especialista del BID Invest, quien destacó que las “APPs son un vehículo extraordinario para mejorar la calidad de los servicios”.

Mellinger, quien participó en el panel “Provisión de Servicios de Infraestructura”, destacó que las infraestructuras inteligentes “tienen un potencial enorme para la mejora de los servicios”. Gracias a esta innovación, se pueden realizar mediciones inteligentes.

“La disrupción tecnológica te cambia totalmente la estructura y la proyección de los servicios”, indicó el economista jefe del Departamento de Infraestructura del BID.

“Todos los cambios tecnológicos o la gran mayoría van a ser positivos, van a bajar los costos de producción y van a mejorar la capacidad de dar nuevos servicios”, dijo.

En concreto con las APPs, “tenemos que estar dispuestos a que sean mucho más flexibles, y que la renegociación de contratos no tenga una connotación negativa, porque van a venir muchas renegociaciones de contratos”.

Sector privado

“La infraestructura pública se financia básicamente con deuda del tesoro, de obras públicas o garantías soberanas”, dijo Serebrisky, quien expuso que “las APPs la atraen financiamiento privado”.

Desglosó cómo se financia la estructura privada en América Latina en los últimos diez años, “más o menos el 50% es banca comercial, 20% es proporcionada por los sponsor, el 15% la banca de desarrollo local, el 7% por los multilaterales y unos porcentajes muy pequeños de los inversores institucionales”.

De acuerdo con el economista, uno de los aspectos menos resaltados de las APPs es que pueden “aumentar la cantidad y la calidad de la infraestructura”. También, que pueden “desarrollar los mercados de capitales que son realmente muy pequeños en la gran mayoría de los países”.

Destacó que para que esto ocurra, los sectores tienen que “lograr aumentar la cantidad de financiamiento vía deuda que se transa en el mercado, es decir, que las APPs necesitan más bonos que se transen en los mercados de capitales”. Sin embargo, sobre la participación del sector privado en las concesiones de las APPs, precisó que “muchas veces está en tela de juicio”.