En algunos casos las compañías ‘fantasmas’ ayudaron a los contratistas a ocultar que fabricaban equipos militares estadounidenses en el extranjero, dijo la GAO, lo que representa un riesgo para la seguridad nacional y el control de calidad. Más a menudo se utilizaron para ganar contratos destinados a empresas propiedad de veteranos discapacitados o minorías, dijo.

El organismo de control del Gobierno revisó 32 casos que llegaron a procesos penales o demandas entre 2012 y 2018. En conjunto, ilustran cómo los 350 mil millones de dólares en contratos anuales del Pentágono se pueden ganar usando compañías que existen principalmente en papel.

El problema podría ser mucho mayor, ya que el estudio de la GAO no tenía la intención de medir su alcance. El regulador dijo que el Pentágono había hecho solo esfuerzos irregulares para perforar el secreto de las compañías ‘fantasma’. “No creo que nadie realmente conozca el alcance del problema”, dijo Robert Burton, un exabogado de adquisiciones gubernamentales que ahora trabaja en Crowell & Moring. “Sé que algunas de estas personas se han vuelto bastante competentes para disfrazar la propiedad”.
Aunque las empresas ‘fantasma’ tienen muchos usos legítimos, también se han convertido en una herramienta invaluable que permite a los terroristas, los lavadores de dinero, los traficantes de personas y los evasores fiscales eludir la detección. A pesar de que los países de Europa y otros lugares requieren una mayor transparencia, Estados Unidos sigue siendo un paraíso fiscal, lo que permite a los supuestos beneficiarios reales que se favorecen de estas corporaciones ocultar sus identidades al registrarse en estados como Delaware, Nevada, Wyoming y Dakota del Sur.

Un caso revisado en el informe de noviembre de la GAO, que involucra a un contratista en Paterson, Nueva Jersey, muestra cómo la táctica puede representar un riesgo de seguridad para las fuerzas armadas. Ese contratista, dirigido por un hombre de negocios llamado Ferdi Gul, ganó 346 contratos militares estadounidenses durante varios años para suministrar piezas para torpedos, bastidores de eyectores de bombas y sistemas de limpieza de minas. Su empresa estaba registrada en el Pentágono como fabricante nacional.

Pero las entregas se hicieron en realidad a miles de kilómetros de distancia en la Turquía natal de Gul, dijeron las autoridades estadounidenses. Utilizando una compañía fachada para disfrazar el acuerdo, Gul exportó ilegalmente dibujos técnicos militares allí y defraudó a Estados Unidos por US$7 millones, dijeron.

El Pentágono “rutinariamente encontró problemas significativos con la calidad de las piezas”, y las pruebas revelaron “numerosas fallas de diseño” en las piezas de torpedos proporcionadas por la compañía de Gul, según muestran los registros judiciales.

Marco legal. Los legisladores en Washington están tratando de aportar más transparencia a la propiedad corporativa. La Cámara aprobó un proyecto de ley en octubre que obligaría a los estados a recopilar información sobre quién está detrás de las compañías ‘fantasma’ de todo tipo y compartirla con la policía. Un proyecto de ley similar está pendiente en el Comité Bancario del Senado.

En ausencia de tal transparencia, el Departamento de Defensa continúa enfrentando riesgos financieros y de seguridad nacional en su cadena de suministro, dijo la GAO. Proteger esa fuga es un desafío desalentador, y comienza en el nivel más básico: descubrir quién es el propietario de sus contratistas y los beneficios de su trabajo.

El Pentágono representó dos tercios de todos los contratos del gobierno de los Estados Unidos el año pasado, otorgando 350 mil millones de dólares en negocios de 38 mil compañías. Los proveedores extranjeros son elegibles para algunos contratos del Pentágono, pero no para aquellos que involucran ciertas tecnologías sensibles.

El Departamento de Defensa enfrenta “varios tipos de fraude financiero y no financiero y riesgos de seguridad nacional que plantean los contratistas con propiedad opaca”, según la GAO. Dichas empresas opacas propiedad de estados adversarios podrían presentar amenazas de inteligencia si roban propiedad intelectual o insertan malware en sistemas críticos, dijo la Oficina del Director de Inteligencia Nacional en un informe de 2017.

“No solo podría haber sancionado a las partes que realizan trabajos de contratación, sino que los enemigos de los Estados Unidos que tengan acceso a nuestros fondos, nuestros equipos, nuestros sitios y nuestro personal”, dijo Greg Lisa, un abogado de Hogan Lovells que trabajó en el Departamento de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro. “Eso es aterrador”.
Burton, el exabogado de adquisiciones, dijo que ayudó a prohibir a los contratistas por una variedad de violaciones regulatorias durante sus años de trabajo en el Gobierno. Algunos de ellos luego reanudarían el trabajo para el Pentágono utilizando empresas ‘fantasma’ para disfrazar sus identidades.