Suspensiones de contratos laborales encienden alarmas de la seguridad social

Al corte de este lunes ya más de 110,000 trabajadores habían sido suspendidos temporalmente de sus empresas, debido al cese ordenado por el gobierno en medio del estado de emergencia por el COVID-19. Son empleados que no cotizarán este mes a esos sistemas de la seguridad social.

“Si me suspenden, no hay nómina, no hay descuento y no llega nada a la Tesorería de Seguridad Social”, alerta Arismendi Díaz, experto en el tema previsional.

Ante ese panorama, advierte que la situación puede tornarse crítica no solo de cara a los ahorros y rendimientos para atender el retiro de los actuales trabajadores cuando se jubilen, sino también su atención sanitaria.

Recordó que cuando cesan las cotizaciones a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), por ley debe mantenerse la atención de salud durante 60 días tras la suspensión. La pregunta es qué ocurrirá después, si la suspensión de los contratos laborales, y por ende de las cotizaciones a las ARS, se mantiene más allá de ese tiempo.

La situación en los fondos de pensiones apunta más bien a reforzar una tendencia bajista del número de cotizantes al sistema que se estaba registrando desde enero.

El número de cotizantes a los fondos de pensiones ya estaba cayendo antes de que se tomaran medidas como el cese de actividades económicas no esenciales y el cierre de las fronteras y de los vuelos. Entre diciembre de 2019 y febrero de este año la cantidad de personas cotizando a los fondos de pensiones pasó de 1,924,919 hasta 1,903,195 cotizantes, una reducción de 1.12 % en los dos primeros meses del año, según los reportes publicados por la Superintendencia de Pensiones (Sipen). Allí todavía no están los datos de marzo, mes en el que se concretaron las medidas de aislamiento social para frenar la propagación del COVID-19 y cuyos resultados todavía no están disponibles.

"Si no se logra contener la propagación del virus en una semana, el país podría entrar en una etapa peligrosa de desesperación y pánico generalizado, en la que autoridades podrían perder el control de la situación, con consecuencias impredecibles", asegura Díaz.

Pero no cree que esa desesperación deba resolverse utilizando los recursos depositados en los fondos de pensiones. "La única excepción serían aquellas personas afectadas de gravedad por el coronavirus y su secuela. Cuando una familia tiene un gran problema, en lo último que piensa es en vender la casa donde vive", dice.

La mayoría de los cotizantes al sistema de fondos de pensiones son trabajadores de la administración pública, un total de 353,280 personas al cierre de febrero. Le siguen los cotizantes que laboran en actividades que sí han sido más afectadas por las medidas para evitar la propagación del nuevo coronavirus. Los trabajadores del sector comercial, unos 188,162 personas, los de industrias manufactureras, un total de 166,009 en febrero pasado, de banca y seguros, unos 92,360 cotizantes, y de alojamiento y expendio de alimentos, unos 63,521 trabajadores, son los que más aportan al sistema previsional, de acuerdo a los datos publicados por la Sipen.

Soluciones sin tocar las pensiones

Díaz señaló que quedan alternativas antes de tocar los ahorros del futuro que están depositados en los fondos de pensiones. Por ejemplo, considera posible autorizar al Banco de Reservas para que otorgue un préstamo blando equivalente al 70 % del salario a los trabajadores privados que hayan quedado desempleados, y que el mismo sea a una tasa máxima de 3 % pagadero en un año.

Otra alternativa es que los funcionarios con sueldos mayores de 100,000 se reduzcan los salarios, utilizar durante la coyuntura especial los fondos que financiarían obras públicas no imprescindibles y reducir las tarifas de los principales servicios públicos. Asegura que estas medidas podrían liberar recursos para ayudar en la asistencia de trabajadores que estén sufriendo por las consecuencias económicas del coronavirus.

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