Y el Banco Central ha tenido que valerse del mecanismo de operaciones de mercado abierto, desde la hecatombe bancaria de 2003 hasta no sabe cuándo, para administrar el déficit cuasifiscal que se generó como consecuencia de convertir en deuda pública la deuda privada de los bancos que colapsaron en ese año debido a los crímenes y delitos financieros cometidos.

Este año 2018 el Banco Central se ha visto obligado a incrementar las emisiones de esos instrumentos financieros debido a que el gobierno central no contempló en el presupuesto de este año los fondos para la recapitalización de dicha entidad, cabeza del sistema monetario y financiero del país.

El capital de la deuda cuasi-fiscal, propiedad de los tenedores de títulos del Banco Central y que está depositado en las arcas de dicho organismo, no es el problema central; el problema central, muy grave y muy agudo, son los miles de millones de pesos que tiene que pagar al año el mismo Banco por los intereses que genera esa deuda cuasi-fiscal.

Al emitir títulos de deuda, con vencimientos en el mediano plazo, el Banco se está endeudando con el público, es decir, con todos los inversionistas –institucionales, profesionales e individuales- que compran dichos títulos en el mercado de valores, y al endeudarse está retirando liquidez o dinero de circulación, y al retirar periódicamente masa de dinero de circulación mediante la venta de esos instrumentos representativos de deuda, el Banco Central logra mantener la estabilidad monetaria y cambiaria.

Por la razón del déficit cuasi-fiscal, el Banco Central está obligado, mientras esté vigente ese déficit, a vender títulos de deuda todo el tiempo, aun cuando esté aplicando una política monetaria expansiva.

En circunstancias normales, es decir, de no existencia de ese déficit cuasi-fiscal, el Banco Central solamente vendería títulos de deuda cuando estuviera aplicando una política monetaria restrictiva con el objeto de disminuir la liquidez o la masa de dinero en circulación.  Y cuando aplique una política monetaria expansiva en circunstancias normales, el Banco Central solo compraría títulos de deuda del sector privado con el objeto de aumentar la liquidez en la economía.

El costo de lograr y mantener la estabilidad monetaria y cambiaria por parte del Banco Central, a partir del año 2003, se lleva a cabo a un costo demasiado elevado para la sociedad y para el pueblo.

O sea que el mercado de valores está siendo usado por el Banco Central para captar ahorros del público con los títulos de deuda que emite, y con ellos financiar el déficit cuasifiscal y la deuda cuasifiscal.

Ese déficit cuasifiscal se mueve entre 20 y 30 mil millones de pesos.

Bien, aunque el mecanismo de las subastas supone que los inversionistas individuales pueden participar, lo cierto es que los inversionistas institucionales (bancos múltiples, los intermediarios de valores, administradoras de fondos de pensiones, compañías aseguradoras y reaseguradoras, las asociaciones de ahorros y préstamos, las sociedades administradoras de fondos de inversión, etc.), en fin, los bancos múltiples, terminan absorbiendo o monopolizando las subastas del Banco Central.

Aun cuando en sentido general el Banco Central no trata con personas individuales, los inversionistas individuales pueden formalmente enviar sus solicitudes para participar en las subastas, indicando la tasa de interés que preferirían que se les pague. Estas solicitudes deben ser tramitadas a través de los puestos de bolsa, aunque a veces lo hacen “tardíamente” debido a la negligencia planificada de los intermediarios de valores.

Al cabo de dos o tres días, la respuesta casi obligada del puesto de bolsa al inversionista individual es de que el Banco Central no le adjudicó porque rechazó su oferta.

Es el momento que el puesto de bolsa aprovecha para proponerle al inversionista individual que puede enajenar o adquirir instrumentos de esas mismas emisiones hechas por el Banco Central pero en el mercado secundario.

Hay que subrayar y destacar que la ley 249-17 faculta a los puestos de bolsa, que son inversionistas institucionales porque son intermediarios de valores, a hacer emisiones de oferta pública que estén debidamente autorizadas y registradas en la Superintendencia de Valores, por lo que como sociedades anónimas o inversionistas institucionales pueden también intervenir como demandantes o adquirientes de emisiones del Banco Central en las subastas que éste organiza.

Los inversionistas institucionales, profesionales e individuales que participan en las subastas del Banco Central están adquiriendo valores de éste en el mercado primario.

¿Por qué hablo de negligencia planificada de los puestos de bolsa? Porque a los intermediarios de valores o los puestos de bolsa, que también son propiedad de bancos la inmensa mayoría, les conviene comercialmente que los inversionistas individuales les compren esas mismas emisiones del Banco Central pero en el mercado secundario.

¿Y cuál es la mecánica y el negociazo que hacen los puestos de bolsa con estas ventas de valores en el mercado secundario?

Las emisiones de valores que el Banco Central está colocando en el mercado primario a través de subastas lo está haciendo a una tasa cupón de 10.5%,  pero las adjudicó a 9.74%.  El puesto de bolsa le vende esas mismas emisiones al inversionista individual, pero esta vez en el mercado secundario, a una tasa de 8.95%.

La diferencia entre 10.5 y 8.95 puntos porcentuales, que sería de 1.55 puntos porcentuales, se le aplica al valor del instrumento adquirido por el inversionista individual y se multiplica el resultado por el tiempo de duración del instrumento financiero (7 años).  A esa diferencia calculada en valores absolutos se le llama prima, y el puesto de bolsa la calcula y la cobra por anticipado en el mismo momento en que el inversionista individual compra o adquiere el instrumento.

Esa prima se descuenta ipso facto del valor total de la inversión en el instrumento financiero que ha hecho el inversionista individual.

Realmente el hecho de que los intermediarios bursátiles, puestos de bolsa, puedan hacer emisiones de oferta pública y pueden intervenir como inversionistas institucionales en las subastas del Banco Central plantea conflictos de interés o de intereses.

En el numeral 4 del Art. 3, la ley 249-17 plantea lo siguiente en cuanto al conflicto de interés: “Es cualquier situación, a consecuencia de la cual una persona física o jurídica, pueda obtener ventajas o beneficios, para sí o para terceros, y que afecte su independencia al momento de la toma de decisiones”.

Los conflictos de interés o de intereses pueden crearse al ser al mismo tiempo los intermediarios de valores emisores de oferta pública  y también compradores o adquirientes de los títulos de deuda emitidos por el Banco Central, y los mismos pueden opacar la transparencia o crear situaciones de opacidad en la intermediación de las emisiones de oferta pública, hechas por el Estado dominicano y por las demás empresas privadas organizadas en sociedades anónimas.

Eso significa que la información brindada a los inversionistas individuales ni está siendo eficiente ni suficiente ni veraz ni oportuna como establece la ley 249-17.

Al poder hacer emisiones de oferta pública, los intermediarios de valores entran en competencia en su propio terreno con las emisiones de valores hechas por el Estado –gobierno central y Banco Central- y las restantes empresas privadas establecidas como sociedades anónimas.  Que dicho sea todo todos los demás emisores de valores de oferta pública utilizan a los puestos de bolsa como intermediarios para colocar sus emisiones.

Y al poder participar en las subastas del Banco Central, no solo compiten con los demás inversionistas institucionales y profesionales, sino que pueden prevalerse de su condición de inversionistas institucionales y de intermediarios para forzar a los inversionistas individuales, recurriendo a dilaciones premeditadas e innecesarias y al ocultamiento de información, a comprar títulos de deuda del Banco Central pero en el mercado secundario a una tasa de interés más baja y teniendo que pagarles una prima a los mismos.

Es muy lamentable que el déficit cuasifiscal del Banco Central, que apareció como consecuencia de la conversión de la deuda privada de los bancos quebrados en deuda pública, se siga usando para engrosar y engordar enormemente las finanzas del sector financiero privado. Es una gigante contradicción que se traduce permanentemente en mucho más pobreza y desigualdad en la sociedad.

Porque en definitiva el agigantamiento de los niveles de endeudamiento del Banco Central, al convertirse en un permanente emisor de títulos de deuda, representa un costo económico y social muy elevado para el pueblo, el cual de manera inevitable tiene que financiarlo debido a la socialización de la deuda privada de los bancos quebrados.

Finalmente, queremos subrayar que en circunstancias normales, los ahorros de los inversionistas en el mercado de valores estarían siendo usados masivamente para financiar el crecimiento y el desarrollo económico, habida cuenta de que los mercados de valores y de capitales en el mundo capitalista garantizan, con los ahorros que se mueven en él, el financiamiento a mediano y largo plazo. Sin el financiamiento a mediano y largo plazo no es posible gestar los fenómenos del crecimiento y del desarrollo económico, que por su misma naturaleza son fenómenos que se producen en el mediano y largo plazo.

Claro, la estabilidad macroeconómica, monetaria y cambiaria, es una precondición para que se dé el fenómeno del crecimiento económico. Pero repito, los ahorros que se mueven a través del mercado de valores y de capitales deben ser usados para financiar en lo fundamental el crecimiento y el desarrollo, y no la estabilidad macroeconómica-estabilidad monetaria y cambiaria-. Los recursos para financiar la estabilidad monetaria y cambiaria deben provenir de otras fuentes.