Rodríguez afirmó que, dado los efectos de la paralización de la economía, el Estado debe invertir en proteger el empleo y los derechos laborales, y priorizar mecanismos de apoyo social para las poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Este planteamiento se encuentra en el documento titulado #ParaSerMasFuertes, que el aspirante a legislador por el partido Alianza País dio a conocer hoy, en el cual también agrega propuestas en el orden institucional y económico a raíz de la nueva realidad que impone el COVID-19.

“Es necesario, la realización de un inventario de servicios e instituciones que no serán de primera necesidad en los meses que le restan al año 2020, iniciando por aquellas que duplican funciones o cuya existencia ha dejado de ser necesaria en la actual coyuntura, y reasignar sus presupuestos al servicio de las medidas para hacer frente a la emergencia”, manifestó el también abogado y activista social, quien aspira a una diputación por la circunscripción número uno del Distrito Nacional.

Puntualizó que en América Latina la inversión social promedio es de 11.2% del Producto Interno Bruto (PIB) (dato de CEPAL de 2016), mientras que en República Dominicano estamos en un 8.1% del PIB, la tercera más baja de la región.

Por esta razón, plantea como prioritario aumentar los niveles de inversión social en nuestro país, y al mismo tiempo mejorar la calidad de las políticas sociales como principales medidas para disminuir la desigualdad social y garantizar el acceso a servicios y derechos fundamentales.

Señaló que la insuficiente inversión social es un problema que se viene arrastrando por décadas, y que esa deuda social se ha puesto en mayor evidencia con la actual crisis, validando los reclamos de mayor inversión pública en servicios básicos que vienen haciendo organizaciones como OXFAM, Ciudad Alternativa, el Foro Ciudadano y la Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA).