Efecto COVID-19: Cuando el Estado debe gastar más, se estancan las recaudaciones

En un artículo de Analytica, titulado Estado de Operaciones del Gobierno Central, la firma de inteligencia económica concluye que según “los escenarios más conservadores”, la caída de los ingresos tributarios durante el 2020 caería entre 1% a 1.5%.

En eso influye que durante el presente año no llegara la esperada recuperación del turismo, un sector que durante el año pasado fue afectado por una campaña mediática negativa desde Estados Unidos, que le llevó a crecer en solo un 0.2%, un fuerte contraste con la tasa de crecimiento de 5.7% registrada por ese sector durante 2018, según los informes del Banco Central.

Según el análisis de Analytica, bajo la firma del economista Luis José López, la desaceleración del crecimiento económica durante 2019 redujo en unos RD$1,000 millones las recaudaciones de la Dirección General de Impuestos Internos.

“La esperada recuperación del turismo y la reactivación económica durante 2020 suponía un mayor nivel de ingresos en el presente año”, explica.

Pero en el caso del presente año, la situación es mucho más compleja y costosa para el país por el impacto de la pandemia en la economía dominicana y en la global.

Para prevenir el contagio, el Gobierno implementó el programa “Quédate en Casa”, y estableció un toque de queda desde la 5 de la tarde hasta la 6 de la mañana de cada día, que desde el 3 de abril fue extendido por 15 días más.

Sin embargo, en un contexto de parálisis de la actividad económica, en que se afectan las recaudaciones, el Gobierno “ha tenido que modificar su política de gasto considerablemente, reorientándose hacia el sector salud”, además de implementar el programa “Quédate en casa”, lo que implica la transferencia gubernamentales hacia los hogares más empobrecidos, mediante iniciativas como la del Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE), con la que compensa parcialmente a los empleados del sector privados cuyos contratos de trabajo fueron suspendido temporalmente por los empresas en las que trabajan.

“Los programas buscan subsanar la menor percepción de ingresos de más de 1.5 millones de hogares a través de un mayor gasto en transferencias”, destaca Analytica.

Estos programas incluyen transferencia desde RD$5,000 a RD$7,000 mensuales por persona, en el caso del “Quédate en Casa”; y de RD$5,000 a RD$8,500 mensuales por empleado en el caso de FASE.

Otra reconocida firma de asesoría económica es el Centro Regional de Estrategias de Económicas Sostenibles (CREES), estima que “la economía dominicana presentará una fuerte contracción económica durante 2020 influenciada por la recesión mundial, parálisis en el turismo e impacto de las medidas de contención internas”.

Los efectos negativos de este escenario, que ya es visible, lo sentirán todos los sectores, “con excepción de salud, explotación de minas y canteras, y administración pública, defensa y otros servicios”.

Y destaca otro efecto negativo, que también ya es visible: la “reducción en la actividad económica implicará más trabajadores desocupados, tanto formales como informales”.

Además, en ese entorno económico, las finanzas públicas serán afectadas “con menor recaudaciones de impuestos dada la caída en la actividad económica y el mayor desempleo”.

En su informe correspondiente al primer trimestre, la Dirección General de Presupuesto (Digepres) informó que los ingresos fiscales del Gobierno Central ascendieron a un monto de RD$160,632.9 millones, equivalente a un incremento de 2.6%.

Ese monto estuvo por debajo, en un 8.9%, del monto programado para el primer trimestre del presente año, informó la Digepres. Eso significó que iniciado la expansión del COVID-19 en el país, a las finanzas públicas le costaron RD$15,748.4 millones.

De cara a esa realidad, el CREES plantea que “esta reducción de ingresos fiscales impone la necesidad de reformular el presupuesto para el año 2020”, utilizándose como referencia la ejecución presupuestaria del año 2019. Y entre los cambios desataca la necesidad de destinar mayores recursos al sector salud para compras de insumos, pruebas y logística médica; así como para construcción y reconstrucción de obras de salud.

“Por esto, se requeriría una reasignación de gastos entre las distintas instituciones del Estado para adaptarse a una nueva realidad”, sostiene.

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