En ese sentido, resaltó que el Ministerio Público se ha mantenido activo, y trabajando conjuntamente con el Poder Judicial al cual le ha solicitado más de mil 500 órdenes de protección para las víctimas y alrededor de mil 700 órdenes de arrestos, además de 499 medidas de coerción en este tipo de casos.

También señaló que las limitaciones a la circulación impuestas para paliar la pandemia obligaron a crear otros medios para que las víctimas de violencia puedan presentar sus denuncias y recibir atención de las autoridades sin necesidad de trasladarse de sus hogares.

El magistrado habló del tema al participar en el diálogo técnico subregional “Innovaciones digitales en respuesta y atención a la violencia intrafamiliar en el marco del COVID-19: El reto de la coordinación institucional”, realizado de manera virtual por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).