Mientras América Latina registra más de 5,5 millones de contagios y más de 220.000 muertes por COVID-19 a mediados de agosto, actualmente las cifras más altas entre las regiones del mundo, es importante preguntarse por qué los confinamientos no han logrado ser más efectivos en la región. A fin de cuentas, las restricciones a la movilidad han tenido un enorme costo económico, perjudicando empresas, destruyendo empleos, y agravando la pobreza y la desigualdad. El FMI estima que para finales de 2020 el PIB de la región sufrirá una caída del 9,4%. Viéndolo por el lado positivo, dos países de la región, Paraguay y Uruguay se destacan por su respuesta al brote inicial, logrando mantener, cada uno, el número total de muertes por debajo de 100 y limitando a su vez las consecuencias económicas.
La experiencia de estos dos países muestra lo que debe hacerse en las políticas públicas para reducir al mínimo las graves consecuencias económicas y para la salud de esta peligrosa pandemia. Dicha experiencia demuestra la importancia clave de sincronizar bien los confinamientos, reforzar el sistema de salud y lograr una comunicación eficaz con los ciudadanos. Estos factores pueden determinar la posibilidad de que se supere la pandemia a un costo social y económico mínimo o que se sufran enormes pérdidas que persistirán por un largo tiempo después de que la pandemia haya terminado.
Los confinamientos restringen la movilidad de los ciudadanos y las reuniones sociales. Dado que el virus se transmite de persona a persona, los confinamientos dilatan la propagación de la enfermedad hasta un nivel compatible con la capacidad hospitalaria disponible y un bajo número de muertes. La clave de ese objetivo es reducir rápidamente la tasa de contagio, o el factor R, es decir, el promedio de personas que puede contagiar un infectado con COVID-19. Mientras el factor R se mantenga por debajo de uno, los casos tendrán una trayectoria descendente y la pandemia permanecerá bajo relativo control hasta que se disponga de una vacuna para detenerla.
Los confinamientos han demostrado ser efectivos para aplanar la curva de contagios. Por ejemplo, después de que Italia impusiera un confinamiento estricto a principios de marzo, el número de casos alcanzó su pico el 26 de marzo, y a finales de abril el factor R había descendido a 0,8, registrando solo la mitad de nuevos casos diarios. En junio el país pudo levantar la mayoría de las medidas de cuarentena, y para el 5 de agosto, el número de nuevos casos diarios había disminuido a cerca del 7% del número máximo. Muchos otros países europeos con una alta incidencia temprana de COVID-19, entre ellos España, Alemania y Francia, también han logrado verdaderos progresos contra la enfermedad.
Los países de la OCDE han logrado reducir el factor R a menos de uno, en promedio 28 días después de imponer las medidas de confinamiento. En cambio, América Latina ha tenido más dificultades para reducir el factor R y aplanar la curva de contagios. Por ejemplo, Chile necesitó 90 días de confinamiento para reducir su factor R a una cifra inferior a uno.
Realizar un confinamiento de manera correcta es fundamental para reducir su costo, y existen varios factores que pueden impedir esto. Ciertos factores son particulares de cada país, pero se destacan algunos factores estructurales comunes a toda la región. Uno de ellos es la limitada capacidad del gobierno para hacer cumplir los confinamientos, especialmente en las zonas más apartadas y con una débil presencia del estado. Esto combinado con la baja confianza en el gobierno y en los medios de comunicación, ha hecho que muchos ciudadanos elijan ignorar las órdenes del gobierno. En algunas situaciones, el incumplimiento se ha visto impulsado por la necesidad. En promedio, el 38% de los trabajadores en América Latina están empleados en la economía informal, y muchos de ellos no tienen acceso a la salud o a un seguro de desempleo. Resulta poco realista esperar que las personas que viven con lo justo cumplan con las restricciones de confinamiento. Si bien la ayuda financiada por el gobierno ayudó a aliviar este problema, es probable que no haya sido suficiente. En consecuencia, los países que comenzaron a imponer medidas de confinamiento a mediados de marzo lograron, en promedio, mantener en sus hogares a lo sumo al 70% de su población, con un cumplimiento que fue disminuyendo con el paso del tiempo y una relajación de las restricciones luego de dos meses de su imposición.
Para hacer frente a la pandemia es fundamental que exista una comunicación creíble entre los gobiernos y sus ciudadanos. Algunos países que se asociaron con empresas de telecomunicaciones ofrecieron acceso gratuito a páginas web con contenido educativo sobre el coronavirus. No obstante, la cobertura de banda ancha en la región sigue siendo muy baja. En una reciente encuesta BID-LAPOP realizada en siete ciudades capitales, solo el 63% de la población señaló tener conexión a Internet. En contraste, en los países de la OCDE, cerca del 85% informó tener acceso a Internet en 2016.
Una década de inversiones insuficientes en el sector de la salud, tras la depresión de las materias primas, ha dejado a la mayoría de los países latinoamericanos vulnerables a una crisis de salud de esta magnitud. La infraestructura en materia de salud es inadecuada, y la mayoría de los países dependen, en gran medida, de las importaciones de suministros médicos, cuyos precios se han disparado. Mientras el país latinoamericano promedio ha realizado solo 29 pruebas por cada 1000 habitantes, los países de la OCDE han realizado 155.
Los confinamientos en la región han salvado vidas, pero también han causado graves perturbaciones en la economía, el gobierno y la sociedad. Los jóvenes, aunque menos susceptibles a la infección, también se han visto afectados. Están perdiendo meses de aprendizaje, con la posibilidad de que los estudiantes vulnerables de bajos ingresos sufran efectos prolongados. Otro costo económico de los confinamientos ha sido la corrupción relacionada con la pandemia. Investigaciones recientes de Gallego, Prem y Vargas encontraron que la relajación en las normas de contratación, que se ha hecho necesaria a raíz de los confinamientos, provocó un aumento injustificado del gasto público de algunos gobiernos locales. Estas ineficiencias se sumaron al costo económico general de la pandemia.
No obstante, Uruguay y Paraguay han logrado cierto éxito en la contención de la propagación del virus, manteniendo a la vez el costo económico bajo. Para empezar, ambos países reaccionaron con rapidez al brote cerrando todas las fronteras y las escuelas, y prohibiendo las reuniones masivas. Los dos países impusieron cuarentenas obligatorias para toda persona que ingresara al país. Además, ambos países tienen una baja densidad demográfica, con 17 y 20 habitantes por kilómetro cuadrado en Paraguay y Uruguay respectivamente, lo que hace más factible el rastreo de contactos.
Uruguay, uno de los pocos países de la región que cuenta con un sistema de salud universal, tiene fortalezas especiales que permiten que la atención médica y las pruebas se realicen en las casas de las personas. Además, según una encuesta de 2018, el país se destaca como un lugar donde la población tiene más confianza en el gobierno que el promedio de los países latinoamericanos. De hecho, debido a la capacidad del gobierno uruguayo para comunicarse con sus ciudadanos, el 60% de los uruguayos señaló en una reciente encuesta BID-Cornell conocer tanto los síntomas de la COVID-19 como la forma en que se transmite, y cerca del 90% de la población se quedó en casa a pesar de que el confinamiento no era obligatorio.
Paraguay implementó uno de los confinamientos más restrictivos de la región. Los ciudadanos solo tenían autorizado salir para comprar alimentos o medicinas, o si trabajaban en el sector de la salud. El gobierno instaló en los barrios vulnerables 94 puntos de Internet de acceso libre con información sobre la pandemia. Además, lanzó una aplicación llamada ‘Covid-19Py’ que facilita el seguimiento de los casos positivos, la programación de pruebas y la posibilidad de preguntar por el estado de salud de los pacientes.
Según proyecciones del Banco Mundial, el PIB de Uruguay y Paraguay se reducirá en un 3,7 y un 2,8% respectivamente en 2020, una caída mucho más moderada que el promedio regional. Las experiencias de estos dos países en el aplanamiento de la curva a un costo económico razonable aportan ciertas lecciones clave. Si los confinamientos se imponen con prontitud antes de que el factor R crezca a niveles inmanejables, pueden resultar muy eficaces para minimizar las repercusiones sobre la salud. Los confinamientos deben ir acompañados por estrictos cierres de fronteras y cuarentenas de 14 días para cualquier persona que llegue del extranjero. Según un estudio de Álvarez, Argente, y Lippi de la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER, por sus siglas en inglés), el servicio nacional de salud debería coordinar una estrategia integral de pruebas, seguida por el aislamiento y rastreo de contactos de todos los casos positivos; lo que permitiría el cierre selectivo de vecindarios en lugar del cierre de ciudades o países enteros. Más allá de esto, cada país afrontará una serie de desafíos específicos. Pero las lecciones aprendidas del primer brote deberían resultar útiles en caso de que se produzca una segunda ola de contagios a finales de este año.