Planteó que en los últimos dos años se ha producido una transformación considerable del marco jurídico e institucional del país, que ha permitido reforzar todo el sistema antilavado y antiterrorismo con acciones concretas.

Entre las acciones ejecutadas citó: la implementación de un nuevo marco legal acorde con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera, la asignación de recursos a entidades claves para el sistema, como la Unidad de Análisis Financiero, y la eliminación de acciones al portador, lo que contribuye de manera significativa a la transparencia corporativa.

Desde 2016. Compromiso. “Este proceso, de más de 2 años, es un esfuerzo intensivo que ha comprometido a todo el país en una alianza público-privada, y que nos ha permitido conocer los riesgos y aplicar las medidas necesarias para mitigarlos”, señaló.