Los últimos 40 años Chile se ha caracterizado por una reconocida trayectoria en su camino hacia el desarrollo, con un fuerte dinamismo económico, políticas públicas responsables e instituciones robustas. 

El amplio consenso en torno a la economía social de mercado y la democracia estable, permitió a nuestro país grandes logros económicos y sociales entre 1990 y 2020: durante este período multiplicamos por 5 nuestro ingreso per cápita. Redujimos la pobreza de más del 60% a menos del 10%, lo que permitió que casi 8 millones de chilenos superaran la pobreza y que surgiera una amplia y diversa clase media. También aumentamos significativamente la expectativa de vida, redujimos fuertemente la mortalidad infantil y aumentamos la cobertura, calidad y acceso a la educación en todos sus niveles, pasando de 100 mil a 1,2 millones de estudiantes en la Educación Superior.

El sector privado chileno jugó un rol crucial al dinamizar la economía, generar empleo y reducir la pobreza. En esa economía abierta, con instituciones sólidas y libertad para emprender, los empresarios asumimos el reto de competir con el mundo: plantamos árboles, cultivamos los campos, criamos salmones, expandimos la minería, construimos puentes y carreteras, desarrollamos el mercado de capitales, modernizamos el comercio, financiamos viviendas, colegios y hospitales, sacamos a millones de chilenos de la pobreza. A pesar de las dificultades que hoy atraviesa nuestra economía, marcada por un proceso de desaceleración en la última década, la actividad empresarial, la inversión y la innovación privadas siguen siendo los grandes motores del crecimiento económico inclusivo y la creación de empleo en Chile. 

De hecho, las empresas aportan más del 80% del PIB nacional y el sector privado genera el 80% del empleo, con todo el círculo virtuoso que ello trae para los chilenos y sus familias. Son también las empresas de todos los tamaños las que financian en más de un 40% al Estado aportándole los recursos para realizar los programas sociales que necesitan distintos grupos de la sociedad. 

Casi 6 millones de chilenos y chilenas trabajan en empresas del sector privado y son ellos quienes mueven al país hacia el desarrollo.Si bien el desarrollo económico ha traído inmensos beneficios a la mayoría de los habitantes, ello no significa desconocer las carencias que siguen afectando a muchas familias chilenas. Por lo mismo, volver a crecer a tasas altas y de manera sostenida es fundamental. Porque a la luz de la evidencia, una cosa es indiscutible: ningún país ha alcanzado el desarrollo sin crecimiento económico. 

Y aquí los datos nos ponen una luz de alerta. Desde 2014 el crecimiento anual promedio ha sido muy bajo en comparación al crecimiento histórico de Chile. Entre 1986 y 2013 crecimos 5,6% anual, mientras que entre 2014 y 2024 el promedio fue de 1,9% anual. Y seguirá siendo muy bajo por los próximos años: el crecimiento tendencial del PIB total es 1,8% para el período 2025-2034. 

¿Qué pasó que la economía chilena comenzó a desacelerarse y hoy está creciendo a tasas de sólo 2% anual? 

Obviamente es un proceso que obedece a múltiples causas, pero entre las principales podemos señalar que parte importante del crecimiento se debía al aumento de la productividad y las ganancias de productividad se empezaron a agotar. A ello se sumó una serie de malas reformas en materia tributaria, laboral y del sistema electoral, ocurridas a partir de 2014. Luego vinieron el estallido social y la pandemia con sus desafortunados efectos. 

Tuvimos que enfrentar dos intentos fallidos de procesos constitucionales y, en paralelo, comenzaron a diseñarse nuevas reformas económicas y sociales refundacionales, las principales, en materia tributaria y de pensiones. Los últimos años, además, hemos enfrentado un aumento de la violencia y delincuencia. Todo ello ha traído como consecuencia la falta de inversión, factor clave para crecer y generar empleo. El mercado laboral mantiene una tasa de desempleo promedio por encima de 8%. El costo de la mano de obra se ha ido elevando por encima de los aumentos de productividad, por el aumento del salario mínimo y la disminución de la jornada laboral. Por otra parte, la informalidad de la economía -y del mercado laboral en particular- ha ido al alza, precarizando la situación de aquellos trabajadores que no cuentan con seguridad social.

Adicionalmente, la falta de crecimiento económico paulatinamente ha ido erosionando los ingresos fiscales, lo que sumado al aumento del gasto, ha terminado por afectar la sanidad de las cuentas fiscales, alcanzando déficits fiscales sostenidos y un crecimiento acelerado de la deuda pública, todo lo cual complica el poder cumplir las promesas de ayudas sociales efectuadas por los últimos gobiernos. 

Pero la buena noticia es que hoy la mayoría de los actores sociales y políticos en Chile ha tomado conciencia de la situación y podríamos decir que ahora existe un amplio consenso en torno a la importancia del crecimiento económico como factor indispensable para solucionar los problemas pendientes y las necesidades de la ciudadanía. 

Así, aquellas reformas refundacionales -como la tributaria y de pensiones- que en un comienzo propiciaba el actual gobierno han ido moderándose y se han sumado también otras iniciativas que buscan facilitar el proceso de reimpulso económico. Incluso la última semana de enero, el Congreso Nacional aprobó una reforma al sistema de pensiones chileno, lo cual constituye un hito importante en materia previsional, por cuanto permitirá aumentar las pensiones actuales y futuras de los jubilados, gracias al acuerdo entre los distintos sectores políticos. 

Es destacable que la nueva ley busca aumentar el ahorro subiendo la cotización que se destina a las cuentas de capitalización individual de los trabajadores. Se mantiene así el sistema que ha demostrado ser efectivo a la hora de resguardar y multiplicar el ahorro, junto con darle más profundidad al mercado de capitales. Pero más allá de esta reforma que esperamos sea implementada con la mayor responsabilidad, es indispensable que como país nos enfoquemos en volver a crecer, crear más empleos y oportunidades para las personas. Esa es la prioridad hoy. Y para crecer, se requieren ciertas condiciones habilitantes básicas: 

Más seguridad, porque sin seguridad no hay inversión ni desarrollo posible. 
Certeza jurídica, de manera de contar con sistemas de permisos y regulaciones ágiles y simples, que no constituyan trabas a la inversión ni ahuyentes a los inversionistas. Hoy se avanza en un buen proyecto de facilitación de permisos sectoriales, que va en esta línea. 
Competitividad tributaria, es decir, un sistema tributario que promueva el ahorro, la inversión y el desarrollo de las empresas, y que ofrezca condiciones a los inversionistas que nos haga más elegibles a la hora de decidir dónde realizar sus proyectos. En este contexto, reducir los impuestos corporativos a niveles comparables a los de los países de la OECD iría en la dirección correcta para favorecer el proceso de inversión. 
Un mejor Estado. Los países desarrollados se caracterizan por tener un Estado moderno, eficiente, ágil, que permita al sector privado desplegar todo su potencial e incentive el emprendimiento. 

Más allá de estas cuatro condiciones elementales, hay otros factores complementarios. Para enfrentar los desafíos de competitividad y productividad, es necesario contar con el capital humano apropiado, lo que implica ponernos al día en materia de formación y educación desde la primera infancia hasta la adultez. 

En la CPC entendemos que en esta tarea las empresas tenemos un rol importante, y es en la formación técnico profesional donde naturalmente se produce el vínculo entre el mundo de la educación y el mundo del trabajo, de la mano de la transformación digital y la inteligencia artificial, que tanto pueden potenciar las habilidades de los trabajadores. 

Asimismo, retomar el dinamismo en materia de concesiones es un camino que no se debe dejar de lado, ya que el país requiere de infraestructura, sobre todo en regiones. 

En tanto, avanzar en fortalecer la institucionalidad fiscal es clave para efecto de asegurar la sostenibilidad de las cuentas fiscales y de la deuda pública, y con ello financiar mayores ayudas sociales a la población en forma permanente. 
Finalmente, y para lograr lo anterior, es clave contar con un sistema político que dé gobernabilidad, generando los incentivos que permitan aprobar en los tiempos adecuados buenas políticas públicas, que favorezcan la inversión, el empleo y el crecimiento. 

Estamos convencidos que si avanzamos en estos propósitos, nuestro país podrá aprovechar a cabalidad las tremendas oportunidades que hoy se nos presentan dadas las tendencias mundiales en materia de acción climática y transición energética, que permiten prever la demanda por soluciones más eficientes y amigables con el medio ambiente, en que Chile presenta ventajas comparativas únicas. 

Por un lado, tenemos un gran potencial en energía solar y eólica, y nuestros abundantes recursos naturales nos permiten ser un proveedor a nivel mundial de minerales críticos para la transición energética, como son el litio, el cobalto, las tierras raras y el cobre, todos los cuales enfrentarán aumentos de demanda considerables. Adicionalmente, asomamos como un país clave en el desarrollo del hidrógeno verde.

Sin duda tenemos grandes retos por delante. Por ello, las empresas de todos los tamaños, de todas las regiones de Chile, de cada uno de los sectores productivos y de servicios, los innovadores y emprendedores, estamos unidos enfrentando juntos las oportunidades que se nos presentan. 

Porque cuando un país vive desafíos tan importantes como los nuestros, sabemos que ningún avance ni resultado es posible si no los enfrentamos colaborando todos en torno a un mismo fin. 

Solo en unidad podremos diseñar buenas políticas públicas y solo con confianza podremos alcanzar acuerdos que impacten positivamente a todos los habitantes de nuestro país.