La integración de las MiPymes en la economía circular requiere transitar de enfoques ambientalistas a modelos de negocio productivos.

                                                                                                                                       Enrique Lendo

Durante más de dos décadas, Enrique Lendo ha articulado la conversación entre finanzas, diplomacia climática y políticas públicas en México y América Latina. Desde el PNUMA, coordina una cartera de más de 60 millones de dólares en proyectos ambientales que abarcan cambio climático, biodiversidad, residuos y economía circular, trabajando con gobiernos, empresas y ciudades en la región. Antes encabezó la agenda de finanzas sostenibles del PNUMA y fue titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales de la SEMARNAT, gestionando más de 150 acuerdos internacionales e influyendo en instrumentos clave como el Acuerdo de París, la Agenda 2030 y el T-MEC. En esta conversación con Factor de Éxito, analiza los desafíos estructurales de la transición climática y las señales que mostrarán si la región está adoptando modelos de desarrollo verdaderamente sostenibles.

¿Cuáles considera como los principales desafíos estructurales que continúan limitando la transición climática en América Latina y cómo está contribuyendo el PNUMA en México a generar soluciones que puedan escalarse a nivel regional?

Los gobiernos, las empresas y los ciudadanos de América Latina son conscientes de que el cambio climático es una realidad. Dada la condición vulnerable de la región, los impactos relacionados con el incremento de temperatura, incluyendo huracanes, inundaciones y sequías, son cada vez más frecuentes e intensos.

Sin embargo, la atención de este fenómeno aún no ocupa un lugar prioritario en las agendas de los países. Los presupuestos de los gobiernos para programas de medio ambiente y cambio climático son limitados en comparación con otras áreas de política pública. La mayoría de las empresas aún no perciben al cambio climático como factor de riesgo para sus modelos de negocio y son pocas las que ven en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) una oportunidad para eficientar sus procesos productivos, acceder a nuevos nichos de mercado o fortalecer su reputación.

A nivel de gobierno, persiste la sectorización de políticas públicas y la falta de incentivos para fomentar cambios de tecnologías y procesos de bajas emisiones. A pesar de que algunos gobiernos han establecido esquemas de fijación de precio al carbono, su nivel es demasiado bajo, además de que se continúan subsidiando la energía eléctrica y diversos combustibles fósiles.

El PNUMA trabaja con gobiernos, empresas y otros actores en el desarrollo de diagnósticos, el diseño de enfoques de incentivos, la gestión de financiamiento sostenible, la remoción de barreras y la evaluación de políticas y acciones que fomentan la transición hacia modelos económicos y de negocio bajos en carbono. También apoya a gobiernos subnacionales con proyectos que identifican oportunidades para fortalecer su resiliencia ante los impactos del cambio climático.

Desde la gestión de una cartera de más de 60 millones de dólares en proyectos ambientales, ¿qué avances concretos destaca en materia de cambio climático, biodiversidad y economía circular, y cuáles de ellos podrían convertirse en referentes para otros países?

Los proyectos que gestiona el PNUMA en México han apoyado la toma de decisiones del gobierno y el sector privado. Entre ellos destaca la integración de la Taxonomía Sostenible y el modelo de evaluación de riesgos de cambio climático para Banco de México y otras instituciones del sector financiero de México.

En el sector agrícola, se impulsan prácticas sostenibles para la producción de mezcal y su comercialización en mercados de alto valor a través de distintivos y certificados de sostenibilidad. También se desarrollan proyectos para calcular y promover los beneficios económicos de las cadenas de valor del maíz y cacao nativos de México.

Para apoyar la política de cambio climático de México, el PNUMA trabaja con el gobierno en la definición de escenarios, rutas de descarbonización e instrumentos de política y financiamiento que permitan alcanzar sus metas de “neutralidad de carbono” y restauración del capital natural en el mediano plazo. Asimismo, el PNUMA implementa el proyecto CityAdapt, que ofrece sistemas de planificación urbana a través de soluciones basadas en la naturaleza para fortalecer la resiliencia de las ciudades ante los impactos del cambio climático.

En el sector industrial, el PNUMA ha apoyado tanto a empresas como al gobierno de México con proyectos que identifican y reemplazan sustancias agotadoras de la capa de ozono y mercurio, así como inventarios, diagnósticos y acciones para reducir la contaminación de residuos plásticos y electrónicos.

Con su experiencia previa como Coordinador de Finanzas Sostenibles del PNUMA, ¿qué brechas persisten en los mercados latinoamericanos para integrar el riesgo climático en la toma de decisiones financieras y acelerar la movilización de capital hacia proyectos verdes?

Los países de América Latina han avanzado en la adopción de modelos e instrumentos que fomentan el financiamiento de proyectos de reducción de emisiones de CO2 y adaptación al cambio climático. Entre estos destacan las taxonomías sostenibles, las regulaciones de divulgación de riesgo climático y sostenible, el desarrollo de escenarios de cambio climático y el diseño de instrumentos innovadores como los bonos verdes, los impuestos al carbono y los mercados de comercio de emisiones.

Sin embargo, aún persisten retos para una mayor integración del riesgo climático en la toma de decisiones financieras, incluyendo la falta de información detallada y de calidad para alimentar los modelos de riesgo, la ausencia de capacidades técnicas en el sector financiero para analizar dicha tipología de riesgo y la falta de regulaciones e instrumentos de política que incentiven a las empresas a reducir sus emisiones.

Tras su participación directa en negociaciones clave como el Acuerdo de París, la Agenda 2030 y el T-MEC, ¿qué elementos considera esenciales para fortalecer la gobernanza ambiental en la región y asegurar una implementación efectiva de los compromisos multilaterales?

Los países de la región de América Latina y el Caribe participan activamente en los tratados y convenciones internacionales de medio ambiente y desarrollo sostenible. Asimismo, han creado alianzas a nivel regional y subregional, como el Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe o la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, con agendas temáticas y grupos de trabajo de expertos que intercambian experiencias y mejores prácticas en materia de gestión ambiental.

Hoy, todos los países de la región cuentan con marcos regulatorios e instituciones ambientales que les permiten avanzar en la implementación de los compromisos internacionales. Sin embargo, la capacidad de dichas instituciones para la aplicación efectiva de las leyes o el alcance de las metas que se han fijado en los convenios internacionales se ve limitada por tres factores. En primer lugar, las leyes e instituciones ambientales están sectorizadas y tienen poca incidencia en las decisiones de los sectores económicos que son responsables de los impactos en el medio ambiente. En segundo lugar, la mayoría de las instituciones ambientales cuentan con recursos financieros escasos para cumplir sus responsabilidades en comparación con otras áreas de la administración pública. Lo anterior limita la capacidad de inspección, vigilancia, fomento a proyectos sostenibles e innovación. Por último, en la mayoría de los casos, las autoridades ambientales tienen jurisdicción nacional y poca coordinación con las autoridades locales, lo que limita la efectividad de la política ambiental en los territorios. Generalmente, las autoridades ambientales locales cuentan con recursos financieros y capacidades técnicas aún más limitadas que las autoridades nacionales.

Para la implementación efectiva de los compromisos multilaterales, es necesario adoptar enfoques sistémicos o transversales de políticas e instituciones que permitan una mayor incidencia en las actividades productivas. Lo anterior se puede lograr a través de la integración de ministerios, la creación de comisiones de sostenibilidad o la definición de metas ambientales y de gestión racional de recursos naturales en los sectores productivos. También es fundamental fortalecer las capacidades financieras y técnicas de las autoridades ambientales y asegurar una mayor coordinación y sinergias con las autoridades locales.

Desde su experiencia al frente de la Alianza para Ciudades con Emisiones Neutras, ¿cuáles son las barreras más relevantes para que las ciudades latinoamericanas avancen hacia modelos urbanos descarbonizados y resilientes?

A pesar de que algunas de las ciudades de la región de América Latina y el Caribe cuentan con ejemplos exitosos de urbanización sostenible y resiliente, en la mayoría de los casos los modelos de desarrollo urbano actuales fomentan el uso de transporte privado y contaminante, edificaciones ineficientes en el aprovechamiento de energía y agua, una gestión inadecuada de los residuos sólidos y poco interés en las zonas de conservación, lo que las hace más vulnerables a los impactos del cambio climático.

Entre las barreras para la adopción de modelos de desarrollo urbano sostenible destacan las financieras, las técnicas, las institucionales y las sociales. En general, las ciudades de la región carecen de acceso a financiamiento que les permita invertir en tecnologías limpias, sistemas de transporte de bajas emisiones y edificaciones sostenibles. Asimismo, existe un déficit en la formación de especialistas capaces de operar tecnologías avanzadas y energías renovables. Muchas ciudades de la región tienen sistemas de transporte y movilidad urbana ineficientes, con una acentuada dependencia de combustibles fósiles, lo que genera altas emisiones de CO2.

La falta de una gobernanza efectiva y la debilidad institucional obstaculizan el desarrollo. Los niveles de avance en la transición energética son heterogéneos entre países y, a menudo, las políticas públicas no están integradas o carecen de una visión a largo plazo. En algunos casos, existen barreras regulatorias y económicas que limitan la adopción de energías limpias, incluso cuando hay un gran potencial para su desarrollo.

El crecimiento urbano de las ciudades tradicionalmente se da a costa de las áreas de conservación vegetal, lo que supone riesgos considerables frente a amenazas naturales como inundaciones y sequías, comunes en la región. Por lo anterior, es fundamental impulsar sistemas de planificación urbana integrada que incorporen soluciones basadas en la naturaleza para fortalecer la resiliencia de las ciudades ante los impactos del cambio climático.

La sobrepoblación, los recursos naturales limitados y la desigualdad son retos recurrentes en la mayoría de las ciudades de la región. Una parte significativa de la población vive en asentamientos informales, lo que dificulta la implementación de infraestructura resiliente y servicios básicos sostenibles para todos.

¿Qué mecanismos considera necesarios para integrar a las MiPymes en la economía circular, garantizando que esta transición se traduzca en productividad, eficiencia y generación de valor estratégico?

Más del 90% de las empresas de la región son MiPymes, que además constituyen las principales fuentes de empleo. Sin embargo, un porcentaje considerable de MiPymes opera en la informalidad y carece de recursos financieros y capacidades técnicas para integrarse a modelos de economía circular.

La integración de las MiPymes en la economía circular requiere transitar de enfoques ambientalistas a modelos de negocio productivos, en los que el aprovechamiento racional y la valorización de materiales y residuos se conviertan en una palanca de competitividad y generación de valor. Para lograrlo, es necesario establecer los incentivos adecuados a través de apoyos financieros, deducciones fiscales, pagos por desempeño, esquemas de depósito reembolso, garantías para disminuir el riesgo de los proyectos, así como mercados y clientes garantizados, entre otros.

También es importante fortalecer las capacidades técnicas mediante centros de apoyo, programas de capacitación y vinculación con universidades y centros de investigación. Para la integración de las MiPymes en cadenas de valor y ecosistemas circulares será necesario el establecimiento de plataformas de simbiosis industrial que conecten residuos de unas empresas como insumos de otras y el desarrollo de clústeres sectoriales que compartan infraestructura, logística inversa y servicios comunes.

Los marcos institucionales y regulatorios específicamente diseñados para las MiPymes ayudarán a impulsar una transición efectiva. Entre los instrumentos a considerar destacan la adopción de regulaciones graduales y proporcionales a la capacidad de las MiPymes, la simplificación administrativa y ventanillas únicas para trámites ambientales y los estándares y certificaciones accesibles, con esquemas simplificados o escalonados.

¿Qué señales considera determinantes para evaluar si el sector empresarial en América Latina está adoptando modelos de negocio alineados con la resiliencia climática y la sostenibilidad de largo plazo?

La primera señal para evaluar la adopción de modelos de negocio alineados con la resiliencia climática y la sostenibilidad de largo plazo es la integración del riesgo climático y ambiental en la estrategia corporativa y en la toma de decisiones. Las empresas que avanzan hacia la resiliencia climática ya no tratan el cambio climático como un tema reputacional o de cumplimiento, sino como un factor que afecta su modelo de negocio, sus costos y su competitividad. Esto se refleja en planes de inversión que consideran escenarios climáticos, en la adaptación de estrategias frente a eventos extremos y en la priorización de activos, procesos y territorios más resilientes a los impactos del cambio climático. Por ejemplo, las empresas mexicanas que adoptaron compromisos de reducción de emisiones en el marco de la Iniciativa de Metas Basadas en la Ciencia (SBTi) pasaron de 2 en 2022 a 11 en 2023.

Una segunda señal es la evolución del modelo de negocio hacia la eficiencia de recursos y la economía circular. Cuando las empresas rediseñan productos, procesos y servicios para reducir el uso de materiales vírgenes, agua y energía, y para extender la vida útil de los bienes, fortalecen su resiliencia ante cambios abruptos en el nivel de precios, escasez de insumos o cambios regulatorios imprevistos. En la región, esto se observa en iniciativas de reutilización, reciclaje y simbiosis industrial que no solo reducen la huella ambiental, sino que también generan ahorros, nuevas fuentes de ingresos y ventajas competitivas de largo plazo. En los siguientes años, los modelos de negocio circulares y de eficiencia en el uso de recursos por parte de las empresas se verán fortalecidos por la adopción de leyes y políticas nacionales de economía circular en Chile, Brasil, Perú, Uruguay, Ecuador, Costa Rica, Colombia y México.

Un tercer determinante es la alineación entre desempeño financiero y desempeño ambiental, medido con indicadores claros y verificables. Las empresas que adoptan modelos sostenibles incorporan métricas de emisiones, uso de recursos, adaptación e impacto social en sus sistemas de gestión y reporte, y las vinculan a incentivos, financiamiento y evaluación de riesgos. La creciente adopción de estándares de reporte y la mejora en la calidad de la información son indicios de que la sostenibilidad está siendo gestionada como un activo estratégico y no como un ejercicio aislado de comunicación. En la región no se cuenta con análisis integrales sobre la adopción de métricas de medición y estándares ASG por parte de las empresas. Sin embargo, se sabe que para algunos países como Brasil, México, Argentina y Chile más del 80% de las empresas grandes cuentan con métricas de sostenibilidad.

Finalmente, la capacidad de colaboración y articulación con otros actores del ecosistema constituye un indicador estructural de alineación con la resiliencia climática y la sostenibilidad de largo plazo. La resiliencia climática en América Latina difícilmente se logra de forma individual; requiere alianzas con proveedores, clientes, gobiernos y comunidades para transformar cadenas de valor. Las empresas que lideran este proceso invierten en fortalecer capacidades locales, comparten conocimiento, promueven innovación abierta y participan activamente en soluciones territoriales. Esta orientación sistémica indica una comprensión madura de la sostenibilidad como condición para la estabilidad económica y social en el largo plazo.

Desde una visión prospectiva, ¿qué tendencias en sostenibilidad, biodiversidad o gobernanza climática estima que tendrán mayor influencia en el diseño de políticas públicas en la región durante los próximos cinco años?

La vulnerabilidad de la región ante los impactos del cambio climático y la pérdida de biodiversidad sin duda serán los principales determinantes para el desarrollo de políticas públicas en los próximos años. América Latina y el Caribe es una de las regiones más vulnerables al cambio climático debido a la combinación de alta exposición a fenómenos extremos —como sequías prolongadas, inundaciones, huracanes y olas de calor— y profundas desigualdades socioeconómicas que limitan la capacidad de adaptación. La dependencia de sectores sensibles al clima, como la agricultura, la pesca y el turismo, junto con la degradación de ecosistemas, amplificará los impactos en la seguridad alimentaria, la disponibilidad de agua y los medios de vida. Esta vulnerabilidad se ve agravada por una población creciente y cada vez más urbanizada, e infraestructura que no fue diseñada para soportar impactos climáticos cada vez más frecuentes e intensos. En los siguientes años será necesario fortalecer las políticas de adaptación y cambio climático, incluyendo sistemas de alerta temprana, soluciones basadas en la naturaleza, infraestructura resiliente a los impactos y modelos de ordenamiento territorial sostenibles.

Por su parte, la región enfrenta una pérdida acelerada de biodiversidad debido a la combinación de deforestación, cambio de uso de suelo, expansión agropecuaria, minería, urbanización y los efectos crecientes del cambio climático. La región registra una disminución significativa de especies y la degradación de hábitats clave, lo que afecta la provisión de servicios ecosistémicos esenciales como la regulación del agua, la fertilidad del suelo y la captura de carbono. Esta pérdida no solo representa un riesgo ambiental, sino también social y económico, al comprometer los medios de vida de comunidades rurales e indígenas y debilitar la resiliencia de los países frente a crisis climáticas y productivas. En los siguientes años será fundamental reforzar las políticas de conservación y restauración de ecosistemas en línea con el Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal para garantizar la sostenibilidad en la provisión de recursos y medios de vida en la región.

Factores Clave

• Prioridad y presupuesto insuficiente: aunque la región reconoce la realidad climática, el tema “aún no ocupa un lugar prioritario” y los presupuestos públicos para medio ambiente y cambio climático son limitados frente a otras áreas.
• Transversalidad pendiente y señales económicas débiles: persisten políticas sectorizadas, pocos incentivos para tecnologías de bajas emisiones, precio al carbono demasiado bajo y continuidad de subsidios a electricidad y combustibles fósiles.
• Ejecución con instrumentos concretos (PNUMA México): una cartera de más de USD 60 millones que ya aterriza en soluciones como Taxonomía Sostenible y modelo de evaluación de riesgo climático para Banco de México y otras instituciones financieras; además de rutas de descarbonización, proyectos como CityAdapt y acciones sobre plásticos, electrónicos, mercurio y sustancias que agotan la capa de ozono.

Enrique Lendo aporta una mirada que conecta métricas, instrumentos financieros y gobernanza multinivel con una visión profundamente orientada al impacto social y económico de largo plazo. Su trabajo desde el PNUMA y su trayectoria en la arquitectura de acuerdos internacionales muestran que la sostenibilidad deja de ser discurso cuando se traduce en taxonomías, metas de descarbonización y marcos regulatorios que alinean a bancos centrales, empresas y ciudades. De cara al futuro, su llamado a integrar riesgo climático, biodiversidad y economía circular en el centro de las decisiones públicas y privadas perfila una hoja de ruta imprescindible para una región que quiere ser competitiva, pero también más justa y resiliente.