La aclaración es de la presidenta de la Asociación de Bancos de Ahorros y Créditos y Corporaciones de Créditos (Abancord), Jennifer Pérez, quien consideró, además, que la nueva ley pone en contexto una actualización de cómo las instituciones deben prevenir el lavado de activos.

“Entendemos que la nueva ley viene, básicamente, a ayudar a proteger las instituciones financieras, porque son entidades que trabajan con el dinero del público, el cual hay que preservar. Hay instituciones, que no son de las que agrupa Abancord, que hacen transacciones internacionales, por lo cual tienen un tipo de riesgo diferente a las que se dedican a prestar a microempresarios, por lo que tienen que tener otro tipo de cobertura”, señaló.

Indicó que con la ley la República Dominicana se pone en un contexto internacional, aunque el país tenga un bajo riesgo en cuanto al financiamiento del terrorismo. Consideró que con la normativa se ha avanzado y se está acorde con los demás países con los que se tienen relaciones internacionales.

Al participar en el “IV Congreso anual fortaleciendo la visión integral de riesgo”, de Abancord, Pérez dijo que la adaptación no es un tema que se adecúe de la noche a la mañana, sino que es un tema que conlleva cambios en las instituciones y las personas que las dirigen.

De su lado, Heiromy Castro, de la firma BTS Global Consulting RD, indicó que el país está en riesgo medio, de acuerdo a mediciones, pero que esa situación mejorará con la nueva ley y la entrada de la RD al grupo donde convergen las unidades de inteligencias financieras de todo el mundo.
Explicó que la debilidad institucional que presenta el país es estructural, pero que se está avanzando.