El problema no es DUQUESA, es el entramado de todo un sistema.

Pero dicho problema que en la actualidad nos afecta con el principal vertedero del país, se remonta a su origen mismo, cuando empezaron a ser utilizados de manera irregular a principios de la década de 1990, los terrenos que en ese entonces eran propiedad del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), entornos que fueron convertidos en unos terrenos de vertido de todo el desecho urbano, sin ningún tipo de manejo técnico en sus inicios.

Un poco de historia

Ya para el 1995, el Congreso Nacional a manera de préstamo, cede el territorio de Duquesa a la administración del Ayuntamiento de Santo Domingo, dirigido para la fecha por el Dr. Fello Suberví Bonilla, entidad de gobierno municipal que manejaba en una misma demarcación, todo el territorio que hoy ocupa la Provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional, llamado el Gran Santo Domingo. Este acuerdo se estableció con el objetivo de ser utilizados estos terrenos para verter los desechos sólidos producidos  en la ciudad.

En el 2004, a tres años de la división territorial de Santo Domingo mediante la ley 163-01, se estableció que el vertedero sería manejado por la administración municipal de Santo Domingo Norte. El entonces alcalde de esta demarcación territorial Daniel Carvajal Louis, conjuntamente con el Concejo de Regidores, firmaron un contrato donde pasaron la administración del vertedero al Consorcio Duquesa, que lo administró hasta el año 2006.

En ese año,  pasa el manejo del vertedero a la empresa Lajun Corporation, representada en el país por el empresario Luis José Asilis, pero propiedad del magnate jamaiquino de origen canadiense Michael Lee Chin, quien también es de los principales accionistas del Consorcio Energético Punta Cana Macao (CEPM) y presidente de un importante emporio conformado por diversas empresas multinacionales.

Durante todos estos años Lajun Corporation, manejó sin muchos problemas la administración del vertedero Duquesa.  En se periodo,  adquieren los terrenos donde se encuentra el principal depósito de desechos sólidos del país mediante la titulación de dos certificados de propiedad establecidos de la siguiente forma: 702,000 Mts2 a nombre de esta empresa y 362,879.05 mts.2 a nombre de Raúl Pérez, quien los donó al Estado Dominicano. Aunque es importante aclarar que diversos sectores de la sociedad han puesto en entredicho la legitimidad de los mismos.

En el 2013, se inició un proceso legal encabezado por Francisco Fernández, en ese entonces alcalde de Santo Domingo Norte, quien reclamaba la cancelación del contrato suscrito en el 2006 por el municipio, estableciendo el incumplimiento del acuerdo por parte de la Empresa de capital extranjero, situación que afecto de manera directa la recogida de los desechos sólidos del Gran Santo Domingo.

En el 2017, la Empresa decidió  limitar el horario de operaciones dentro del vertedero  lo que generó nuevamente una situación compleja, alegando incumplimiento de pago de los ayuntamientos que componen el Gran de Santo Domingo.

Prospectiva de la problemática

Producto de largos años de conflicto judiciales, el Tribunal Superior Administrativo de la República Dominicana,  decidió bajo sentencia, que las operaciones del vertedero pasarán a ser administradas de manera interinstitucional por el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Salud Pública y el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte. Esta situación, impulsó el conflicto en tribunales internacionales, en función de una demanda al Estado dominicano por parte de la empresa Lajun Corporation, que aún está pendiente de en los arbitrajes.

En el presente año, se promovió la emisión por parte del Poder Ejecutivo  del decreto 21-20,   que crea la Comisión Presidencial para la Reestructuración del Vertedero a Cielo Abierto de Duquesa, integrada por 15 instituciones entre ministerios, ayuntamientos, un distrito y una junta municipal. Todo este proceso accidentado, ha generado una compleja situación del manejo de los residuos sólidos en el Gran Santo Domingo.

Aún está en revisión lectura el proyecto de ley sobre manejo de residuos sólidos en la República Dominicana. El mismo plantea que la Constitución establece que es deber del Estado la preservación y protección del medio ambiente en provecho de las presentes y futuras generaciones; desde el 2018 está aprobado en segunda lectura por la Cámara de Diputados, pero no logra las voluntades políticas para su debida promulgación.

Este fenómeno de debilidad del marco legal y normativo sobre los residuos sólidos,  tiene  repercusiones ambientales en toda la República Dominicana, donde actualmente existen 386 vertederos a cielo abierto,  que reciben un promedio diario de 16,876 toneladas,  de los cuales sólo se recicla 7.3%, representando uno de los porcentajes más bajo de Latinoamérica.

En función del inicio de las agendas urbanas y los objetivos de desarrollo sostenible enfocados al2030, es momento oportuno, para que de manera conjunta,  se puedan generar las políticas públicas con rigor técnico y visión estratégica,  para enfrentar el manejo adecuado de los residuos sólidos, y así aspirar realmente a vivir en un ambiente más sostenible y más amigable.

Fuente

Petronila Polanco

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