La presidenta Dina Boluarte promulgó esta tarde la ley que concede la amnistía para militares y policías y de los comités de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000, en una ceremonia celebrada en Palacio de Gobierno.
La publicación de esta norma se da poco más de un mes después de que la Comisión Permanente del Congreso aprobara en segunda votación el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 7549/2023-CR, y en medio de los cuestionamientos del Ministerio Público, el Poder Judicial y sobretodo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con la que el Ejecutivo se enfrentó defendiendo la ley.
“Hoy es un día histórico para nuestra patria, el Perú rinde justicia y honra a los que con valor y entrega se enfrentaron a una de las más terribles amenazas de nuestra historia: el terrorismo. Una lacra que intentó arrebatarnos la libertad y sembrar el miedo”, indicó la mandataria en su discurso ante ministros, congresistas, militares, miembros del comando Chavín de Huántar y otros invitados a esta ceremonia.
La jefa de Estado señaló que con esta ley su gobierno “está dando fin a estos actos de injusticia”. “Con la promulgación de esta ley reconocemos el sacrificio de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía y de los comités de autodefensa y le devolvemos la dignidad qie nunca debió ser cuestionada”, dijo Boluarte
Sobre los cuestionamientos a esta ley, la presidenta puntualizó que su Gobierno rechaza con firmeza cualquier intromisión externa e interna.
“Están equivocadas aquellas instituciones nacionales y internacionales incluidas por ideologías totalitarias que pretenden someter al Perú a sus designios. Si ellos se ponen de lado de quienes violaron los derechos humanos de nuestros compatriotas, nosotros estamos de lado de los peruanos de bien que solo quieren la paz”, dijo.
“No podemos permitir que los victimarios se conviertan en víctimas y que los defensores de la patria sean señalados como enemigos de la Nacion que juraron proteger", señaló la mandataria en su mensaje.
LA NORMA
Este beneficio se aplicará a aquellos que no cuenten con una sentencia firme con calidad de cosa juzgada, sean denunciados, investigados o procesados, por delitos vinculados a la lucha contra el terrorismo, además de efectivos mayores de 70 años que estén sentenciados.
Tras aprobarse el dictamen en el Legislativo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) pidió formalmente suspender de inmediato el trámite de la norma por su posible afectación al cumplimiento de sentencias internacionales en materia de derechos humanos.
Adelantó que, de no frenar su promulgación, las autoridades deben abstenerse de aplicar esta ley hasta que el Tribunal pueda analizar a fondo sus impactos sobre los derechos de las víctimas. Además, se convocó a una audiencia pública para el 21 de agosto, en la que se escuchará a las víctimas, al Estado y a la Comisión Interamericana sobre este tema.
La petición de la Corte fue rechazada de inmediato y de manera contundente por el Ejecutivo, primero a través de los ministros y del premier Eduardo Arana, y luego por la presidenta Dina Boluarte, quien en varios discursos calificó de intromisión lo dicho por esta instancia y fijó su posición favorable con la ley.
“El Perú es libre e e independiente, con autonomía soberana, y eso debe quedar bien claro... No somos colonia de nadie y no permitiremos la intervención de la Corte Interamericana que pretende suspender un proyecto de ley que busca justicia para miembros de nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional y los comités de autodefensa que lucharon arriesgando sus vidas contra la insania del terrorismo, contra aquellos que solo querían derramar la sangre de nuestros compatriotas. No lo vamos a permitir, somos defensores de los derechos humanos de los ciudadanos y esta posición del gobierno es soberana, autónoma, libre y justa para un país que anhela paz, unidad, estabilidad, confianza y fraternidad", indicó durante una ceremonia de graduación de nuevos suboficiales de la Policía Nacional del Perú.
Para el constitucionalista Aníbal Quiroga la ley de amnistía es absolutamente inviable por inconvencional y la calificó de populista.
“No cabe una amnistía masiva o generalizada. Si se diera, que no lo creo, sería fulminada por el Tribunal Constitucional y si no por la Corte Interamericana. Es una norma populista. La amnistía lo que dice es que no hubo delito, que nunca ocurrió. O sea, yo maté a una persona y como tengo 80 años, ¿no la maté? No puede haber amnistías masivas, cada responsabilidad es individual. Si uno es inocente, lo absuelven, si es culpable y todavía están dentro del plazo, lo sancionan. Si no está en plazo, pues no se le puede sancionar, pero no significa que sea inocente", dijo el especialista.
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