Luego de varios debates entre el Gobierno Nacional y las comisiones conjuntas económicas de la Cámara de Representantes de Colombia y del Senado de la República respecto al Presupuesto General de la Nación para el 2026, las partes acordaron un texto por $546,9 billones, reduciéndose $10 billones, respecto al monto inicial. 

Según el Ministerio de Hacienda, dicho presupuesto aprobado por el Congreso contempla la ley de financiamiento por $16,28 billones, es decir, que también se redujo, ya que inicialmente buscaba recaudar $26,3 billones.

La propuesta de la reforma tributaria incluye varios cambios, entre los que destacan mayores impuestos al sector financiero, seguros, combustibles, alcohol y tabaco; ajustes al IVA (por ejemplo, una gradualidad para que el IVA en combustibles suba progresivamente) y que entidades religiosas con actividades mercantiles tributen renta bajo el régimen ordinario.

Pero la iniciativa enfrenta críticas fuertes y riesgos señalados por distintos actores. El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana advierte que cerca de $7,8 billones del recaudo proyectado corresponderían a impuestos que legalmente pertenecen a departamentos y al Distrito Capital, por lo que no entrarían a la caja nacional.

Además, expertos como Anif y la Contraloría llaman la atención sobre la falta de ajustes reales al gasto, la presión de los intereses de la deuda (uno de cada tres pesos del recaudo neto se va al pago de intereses), y la débil dinámica de crecimiento económico como factores que pueden poner en jaque la viabilidad de los ingresos estimados.

El camino del PGN2026

El Gobierno Nacional propuso, inicialmente, un presupuesto de $557 billones para 2026, pero dicha propuesta enfrentó resistencia en el Congreso, donde las comisiones económicas conjuntas rechazaron la ponencia oficial, obligando a una negociación política para ajustar el monto de gasto.

Los trazos de fondo del debate giraban en torno a la sostenibilidad fiscal —especialmente la regla fiscal que el Ejecutivo ha suspendido—, el ritmo del gasto público, las prioridades sociales y territoriales, y el riesgo que representa financiar parte del gasto mediante deuda.

Uno de los principales cuestionamientos se ha centrado en el alto componente de gasto de funcionamiento frente a la inversión pública. Aunque el gobierno afirma que la inversión crecerá para 2026, los datos oficiales muestran que en realidad no habrá aumento real frente a 2025: hay discrepancias entre lo que presenta el Ministerio de Hacienda y lo que reporta la plataforma de Transparencia Económica.

Al respecto, el Carf (Comité Autónomo de la Regla Fiscal) indicó hace varias semanas que era necesario un ajuste del orden de $45,4 billones para poder sostener la estructura propuesta sin llevar al país a tener déficits más altos de los proyectados. Partiendo de este análisis, esto significaría que aún habría que recortar $35,4 billones.

Así las cosas, fuentes del Senado dijeron a Portafolio, que el Presupuesto 2026 "tiene vida" y el propósito en las plenarias de Senado y Cámara es restarle 16,3 billones adicionales y aprobarles en 530,6 billones. "Igualmente se eliminarán todas las autorizaciones especiales", agregaron las fuentes.