El esfuerzo por mantener las playas de Costa Rica abiertas al público dio un paso adelante la semana pasada cuando una comisión legislativa aprobó un proyecto de ley que exige al menos tres puntos de acceso público para cada zona costera. La medida, que ahora se debatirá en el pleno de la Asamblea, aborda las barreras que han restringido el acceso de forma discreta, a pesar de que las playas son propiedad pública según la Constitución.

Presentada por el diputado del Frente Amplio, Ariel Robles, la legislación establece normas claras para las rutas de acceso, la señalización y las características que facilitan el acceso a las playas para personas con discapacidad . Se basa en leyes existentes que declaran las playas como espacios públicos, pero a menudo incumplen las normas, obligando a residentes y visitantes a sortear obstáculos como senderos rocosos o urbanizaciones privadas que bloquean el paso.

Robles señaló lugares como Playa Blanca en Puntarenas y Herradura, donde los obstáculos naturales y el desarrollo urbanístico han dificultado el acceso seguro a la costa. "Esto aborda un problema de larga data", dijo durante las discusiones sobre el proyecto de ley. "Necesitamos orden para que todos puedan compartir estos espacios sin conflictos".

El proyecto de ley surge en medio de crecientes rumores sobre la transformación de las comunidades costeras a causa de la gentrificación . La inversión extranjera y los proyectos de lujo han suscitado la preocupación de que terrenos públicos estén pasando a manos privadas por medios indirectos, como la limitación de caminos. El Tribunal Constitucional ha intervenido en repetidas ocasiones, dictaminando que se debe proporcionar un acceso seguro, pero quienes apoyan la iniciativa afirman que las nuevas normas convertirían esto en una práctica habitual.

Según la propuesta, conocida como expediente 24.413, cada punto de acceso recibirá una etiqueta pública con el nombre oficial de la playa, emitida por el Instituto Geográfico Nacional. Las rutas terrestres seguirían las vías públicas con una servidumbre de paso mínima de 14 metros, o mayor si así lo requieren las autoridades de transporte. Las vías deben permitir el acceso vehicular hasta las zonas restringidas y senderos peatonales seguros hasta la playa.

La medida también exige el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad de 1996, garantizando rampas, senderos despejados y otras adaptaciones. Se haría público un registro nacional de playas y puntos de acceso, que permitiría a cualquier persona consultar la información en línea.

Katherine Moreira, del Frente Amplio y quien apoya el proyecto de ley, lo calificó como una respuesta a cambios más amplios. " La gentrificación afecta a comunidades de todo el país", explicó. "Como legisladores, debemos intensificar nuestros esfuerzos y proteger lo que pertenece a todos los costarricenses".

Este no es el primer intento del partido por abordar cuestiones costeras. Iniciativas anteriores relacionadas con los derechos de agua buscaban objetivos similares, combatiendo las tendencias privatizadoras. El proyecto de ley de acceso a las playas añade cinco medidas específicas para las urbanizaciones privadas cercanas a la costa, exigiéndoles mantener los senderos públicos sin interferencias.

Grupos ambientalistas y defensores locales han aplaudido el progreso. En lugares como Guanacaste y el Pacífico Central, donde el turismo está en auge, los residentes reportan que los senderos desaparecen tras complejos turísticos o zonas cerradas. Quienes apoyan el proyecto de ley argumentan que restablece el equilibrio, permitiendo el desarrollo y manteniendo la democracia en las playas.

De aprobarse, la ley encomendaría a las agencias estatales y municipalidades la tarea de mapear y mantener estos accesos. Las sanciones por incumplimiento aún no se detallan, pero el enfoque sigue siendo la prevención mediante directrices claras.

La Comisión de Ambiente dio luz verde al proyecto de ley el viernes, autorizándolo para su debate en el pleno. Con la agenda repleta de la Asamblea, aún no se sabe cuándo se votará, pero Robles y sus aliados planean conseguir apoyo.

Los 1.200 kilómetros de costa de Costa Rica atraen a millones de personas cada año, impulsando una economía que depende del turismo. Sin embargo, a medida que aumentan las presiones del cambio climático y el crecimiento, la pregunta de quién se beneficia es cada vez más acuciante. Este proyecto de ley marca un paso adelante para priorizar a los residentes locales, afirmando que nuestras playas son para todos.