Gobierno propone impuestos del 1.5% en pagos electrónicos
El Gobierno Nacional puso en discusión un proyecto de decreto que busca modificar la normativa tributaria referente a la Retención en la Fuente (RTF) aplicada a los pagos de bienes y servicios efectuados por medios digitales. El documento, actualmente publicado para recibir comentarios y observaciones del público en general, tiene como objetivo principal eliminar la diferencia en el tratamiento que existe hoy entre los pagos realizados con tarjetas y otros mecanismos electrónicos.
La propuesta reglamentaria, impulsada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, modificaría los artículos 1.3.2.1.2., 1.3.2.1.7., y 1.3.2.1.8. del Decreto 1625 de 2016. El cambio central busca equiparar la retención que actualmente se aplica a las tarjetas de débito y crédito, la cual se sitúa en 1.5%, extendiendo esa misma tarifa a otros instrumentos de pago electrónico.
El Gobierno precisó que esta iniciativa no representa la creación de un impuesto nuevo. Más bien, se trata de un ajuste a la Retención en la Fuente ya existente. La RTF se establece como un mecanismo diseñado para facilitar, acelerar y asegurar el recaudo del impuesto sobre la renta, actuando como un anticipo o buena cuenta del impuesto final.
La justificación para esta modificación radica en la evolución del sistema de pagos. Mientras que los pagos con tarjetas de crédito y/o débito han estado sujetos a la retención del 1.5%, otros métodos de pago electrónicos, como los pagos con código QR, tarjetas digitales y transferencias electrónicas entre depósitos de bajo monto, no contaban con una tarifa de retención establecida. Esta disparidad en el tratamiento tarifario generaba lo que la administración denomina un "arbitraje entre diferentes productos".
Los sistemas de pago, incluidos los depósitos de bajo monto y ordinarios, tienen una naturaleza transaccional y surgieron para promover la inclusión financiera y la formalización, garantizando trazabilidad, transparencia y control. Por lo tanto, el decreto busca reconocer un trato fiscal similar a todos los productos que ofrecen una trazabilidad transaccional completa.
La Retención en la Fuente a la tarifa del 1.5% se aplicará a los pagos o abonos en cuenta que sean susceptibles de constituir ingreso tributario para los contribuyentes del impuesto sobre la renta, específicamente por ventas de bienes o prestación de servicios.
Es importante notar que el proyecto contempla varias excepciones definidas. La retención no se practicará cuando el pago o abono no constituya un ingreso tributario para el receptor o no corresponda a la adquisición de bienes o servicios. En este sentido, las transacciones realizadas a través de plataformas como Bre-B, Nequi o Daviplata que no supongan un ingreso para quien recibe el dinero no estarían sometidas a la Retención en la Fuente.
Además, el proyecto establece que las personas naturales que no sean responsables del Impuesto sobre las Ventas (IVA) quedan exceptuadas de esta retención en la fuente.
El borrador de decreto también propone modificaciones en cuanto a quién es el responsable de practicar la retención. Actualmente, las entidades emisoras de las tarjetas son las responsables. El nuevo esquema plantea que tanto los adquirentes como los agregadores pasarían a ser agentes de retención.
La retención deberá ser practicada, en primer lugar, por los respectivos adquirentes en el momento del pago o abono en cuenta. Si el establecimiento afiliado utiliza un agregador, este último será el encargado de la retención, eximiendo al adquirente de este deber.
Reacciones
La propuesta generó debate, especialmente en relación con su impacto potencial en plataformas de transferencias gratuitas. Voces del sector político manifestaron preocupaciones sobre las consecuencias de aplicar esta retención.
Mauricio Cárdenas calificó la propuesta como una medida que podría frenar la modernización del sistema de pagos, sugiriendo que el gobierno prioriza las necesidades de caja sobre la digitalización del sistema. Por su parte, Claudia López Hernández criticó la medida, señalando que la esencia de plataformas como Bre-B es ser herramientas de transferencia gratuitas, y aplicar una retención podría “echarse a perder Bre-B desde el inicio”.