Además del aumento de los impuestos corporativos en los últimos años, cada año surgen en el país normativas y exigencias que frenan el desarrollo empresarial en Colombia.

Esta situación, que forma parte de los temas que actualmente desarrolla Anif en el marco de Colombia Progresa 2630, señala que el Consejo Privado de Competitividad (CPC)  identificó que las altas barreras regulatorias y de formalización limitan la productividad y competitividad.

Precisamente este tema fue desarrollado por el CPC como un el eje estratégico de desarrollo empresarial, un componente esencial para fortalecer la productividad, innovación y competitividad del país.

Este eje busca identificar las principales barreras regulatorias e institucionales que afectan el crecimiento y la formalización de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), con el objetivo de promover un entorno más favorable para la creación y consolidación de negocios formales. En este contexto, se analizan los retos derivados de la dispersión normativa, algunas características del registro mercantil y la rigidez del marco regulatorio vigente.

Barreras

Señala el informe, que el ecosistema empresarial colombiano enfrenta un entorno caracterizado por altas barreras de entrada a la formalización y una estructura normativa fragmentada, lo que limita la capacidad de las empresas para crecer.

“De alguna manera hemos mezclado el debate del mérito del tejido de cámaras de comercio con el de las características del registro mercantil. Su renovación anual, por ejemplo, sin que haya eventos materiales que reportar, es un elemento que se podría revisar. De hecho, el Índice de Micronegocios y Emprendimiento (Imie) muestra que el porcentaje de micronegocios informales frente a la renovación de registro mercantil aumentó a 88,4%, lo que evidencia un retroceso en los avances hacia la formalización.

Recalca el informe, que esta situación se ha visto agravada por la expedición del Decreto 045 de 2024, vigente desde 2025, que modificó las tarifas del registro mercantil al introducir un nuevo esquema de cobro basado en los llamados “activos ordinarios”, un concepto no definido en las Normas de Información Financiera del país.

La aplicación de esta medida genera inseguridad jurídica y mayores cargas administrativas para las MiPymes, que en promedio deberán pagar más por la renovación de su matrícula mercantil. En conjunto, estos factores refuerzan la existencia de un entorno poco propicio para el emprendimiento formal y reducen los incentivos para la creación de nuevas empresas.

A lo anterior también se suma una dispersión normativa en materia de emprendimiento y formalización, derivada de la coexistencia de diversas leyes y decretos, lo que genera duplicidad de esfuerzos, falta de coherencia institucional y dificultades de coordinación entre las entidades competentes.

Registros

Frente a este panorama, se presentan una serie de propuestas orientadas a reducir las rigideces regulatorias y mejorar el entorno empresarial. En primer lugar, se sugiere clarificar la base de cálculo de las tarifas del registro mercantil con el propósito de otorgar certeza jurídica y simplificar los procedimientos contables.

Asimismo, se plantea la creación de un techo tarifario que permita que las cámaras tengan tarifas diferenciales según su oferta de servicios. Finalmente, se propone simplificar y unificar el marco normativo relacionado con el emprendimiento y la formalización, consolidando las distintas disposiciones existentes en un cuerpo jurídico único, coherente y fácil de aplicar. Esta iniciativa, junto con otras propuestas, será presentada en la Asamblea General de Anif el próximo jueves 06 de noviembre.

Por otra parte, según el informe de Confecámaras, entre enero y junio de este año se registraron 173.907 empresas, cifra levemente superior (1,9 %) en comparación con las 170.741 firmas creadas el año pasado. El 74 % fueron creadas por personas naturales. En contraste, el otro 26 % fue registrado por sociedades.

Según el informe, el sector de comercio presentó la mayor contribución en la creación de empresas para el primer semestre de 2025, con un aumento del 3,3 % en el número de firmas, seguido por servicios, con una contribución de 75.249 compañías, y un crecimiento de 1,9 %.

Por otro lado, la mayor variación estuvo en las empresas asociadas a la agricultura, que tuvieron una variación de 16 %, aunque con un menor número consolidado (3.401 firmas).

En contraste, el sector de construcción fue el que menos contribuyó en la creación de firmas, con una disminución del 8,2 % en el número de empresas creadas, al pasar de 7.486 a 6.869 nuevas empresas.

Le siguió el subsector de industrias manufactureras, que pasó de 17.037 a 16.498 unidades, con una contracción de 3,2 %. Por su parte, las actividades de servicios administrativos y de apoyo disminuyeron un 1,8 %, con 7.872 empresas creadas, mientras que el subsector de transporte y almacenamiento redujo su número de nuevas empresas en un 2,2 %.