A siete años de la entrada en vigor de la Ley 21.015, que exige a las empresas con más de 100 trabajadores contratar al menos un 1% de personas con discapacidad, el cumplimiento de esta normativa en Chile ha mostrado avances significativos, aunque todavía persisten brechas importantes.
Según los registros de la Dirección del Trabajo, durante enero de este año el 48,8% de las empresas reportó su cumplimiento mediante la plataforma electrónica, cifra que representa un aumento respecto al 36,4% alcanzado en 2024. “Aún queda un largo camino para llegar al 1%, sin embargo, se ha demostrado un gran avance. Este crecimiento evidencia que las organizaciones están tomando mayor conciencia sobre la importancia de la inclusión laboral”, afirma Belén Salinas, directora de Inclusión Laboral de la Fundación Miradas Compartidas.
Desde la Fundación destacan que el impacto de sus programas y experiencias inclusivas ha sido clave en este progreso. En 2024 participaron cerca de cinco mil personas en sus actividades, y este año la cifra ya asciende a ocho mil, lo que demuestra el interés de las empresas por impulsar cambios culturales reales. “Nuestras experiencias inclusivas generan un cambio organizacional profundo, donde los colaboradores comienzan a comprender el verdadero sentido de la inclusión y su valor en el entorno laboral”, comenta Salinas.
Durante el último año, la fundación ha logrado 89 inclusiones laborales, más de 300 procesos de obtención de credencial de discapacidad y la participación de 800 colaboradores en cursos de capacitación. De las 90 empresas con las que actualmente trabaja, el 60% ya cumple con la cuota legal del 1%, un indicador que refleja un compromiso sostenido con la inclusión.
Si bien la Ley contempla alternativas como las donaciones a fundaciones con proyectos aprobados, desde Miradas Compartidas buscan hoy incentivar la tercerización de servicios como vía de cumplimiento. “Estamos promoviendo que las empresas opten por la subcontratación de nuestros servicios, como el taller gastronómico, las pausas activas o el podcast, donde trabajan 40 personas con discapacidad. Esto permite que la inclusión sea efectiva, genere empleo directo y que las empresas puedan tener un retorno que con la donación no se puede”, explica la directora.
Belén Salinas advierte que los desafíos para el nuevo periodo de cumplimiento estarán centrados en fortalecer la fiscalización y en que las empresas no vean la ley como una obligación, sino como una oportunidad para transformar su cultura. “El objetivo es que las personas con discapacidad puedan desarrollarse plenamente y ser más felices dentro de sus espacios laborales y en los entornos donde se desenvuelven”, concluye.