Actualmente, la Asamblea Legislativa tramita el Proyecto de Ley 23 148 para la Promoción y Desarrollo de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) con el fin de promover el desarrollo de pequeñas empresas turísticas dentro de los primeros 50 metros de dicha área, donde se pretende dinamizar, entre otros objetivos, las economías de las regiones costeras.

La iniciativa representa un paso importante en la dirección correcta para promover el uso responsable de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) sin que esa posibilidad implique, de ninguna manera, la construcción de estructuras permanentes ni el estímulo del ya alarmante aumento de “empleos” informales.

Refrescos, restaurantes, escuelas de surf entre otros.

Para que cientos de negocios como refrescos, restaurantes, escuelas de surf y otras actividades se establezcan -según el proyecto de Ley- en esa parte de la ZMT, deberán cumplir condiciones como: poseer licencia municipal y, adicionalmente, retirar diariamente del sitio elementos como muebles, sillas o mesas.

Este tipo de iniciativas ya cuenta con una larga trayectoria de éxito en varios países del mundo, donde ha demostrado con creces que revitaliza los atractivos turísticos sin provocar efectos colaterales negativos.

Por el contrario, fue una herramienta ideal para atraer un mayor número de clientes, mejorar los ingresos de los comercios locales, incrementar la generación de empleo e impulsar la demanda de bienes y servicios locales por parte de las industrias y empresas proveedoras de la industria turística.

La legislación vigente que regula el uso de la ZMT sólo permite el desarrollo de obras de infraestructura y construcción en el área pública, las cuales deben ser aprobadas en cada caso por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Instituto Costarricense de Turismo, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y la municipalidad respectiva.

Mejorar significativamente las condiciones socioeconómicas en algunas partes del país

Esta limitación dificulta severamente un mejor uso sostenible de las playas en beneficio de las zonas costeras donde prevalecen los mayores índices de pobreza del país, por lo que es necesario mejorar significativamente las condiciones socioeconómicas en esa parte del país.

Además, el país ya cuenta con un precedente importante en materia de uso de espacios públicos con la entrada en vigor –el 9 de marzo de 2022– de la Ley 10.126 de Comercio al Aire Libre, que facultó a los municipios a autorizar a los titulares de patentes o licencias a desarrollar temporalmente una actividad comercial en los locales adyacentes a sus respectivos establecimientos.