La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) y el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) han iniciado un proceso de coordinación estratégica para unificar criterios sobre la operatividad de las empresas financieras en el territorio nacional. Ramón Abadi Balid, administrador de la Acodeco, junto al director nacional de Protección al Consumidor, mantuvo un encuentro con directivos de la Dirección General de Empresas Financieras del MICI para abordar los retos del sector.

Homologación de criterios y nuevas tecnologías

El eje central de la reunión fue la homologación de criterios operativos tanto para las empresas financieras tradicionales como para las denominadas fintech. Estas últimas se caracterizan por utilizar la tecnología para ofrecer servicios financieros de manera digital y rápida a través de aplicaciones móviles y plataformas en línea. El objetivo de las autoridades es fortalecer la supervisión conjunta, promover el cumplimiento estricto de las normativas vigentes y asegurar que existan buenas prácticas que protejan al usuario final.

En este sentido, la Acodeco ha emitido una serie de recomendaciones para los consumidores que utilizan estos servicios digitales. Se insta a la población a informarse adecuadamente antes de cualquier contratación, verificar que los proveedores cuenten con los registros legales ante las autoridades competentes, analizar con detalle los términos de los contratos y reportar cualquier anomalía directamente ante el MICI.

Sanciones y cumplimiento de la Ley 24

La fiscalización del sector ha arrojado resultados concretos durante el último periodo. Según los datos proporcionados por el Departamento de Investigación de la Acodeco, entre enero y diciembre de 2025 se aplicaron sanciones en primera instancia a 11 empresas financieras. El monto total de estas multas ascendió a B/.35,000.00, motivadas principalmente por infracciones a la Ley 24, que regula el historial de crédito de los consumidores panameños.

Con estas acciones, la Acodeco reafirma su rol como garante de la protección al consumidor y la transparencia del mercado. La institución destacó que mantendrá una postura firme frente a las prácticas indebidas que vulneren los derechos de los usuarios, trabajando de la mano con el MICI para garantizar que la evolución tecnológica de los servicios financieros no comprometa la seguridad jurídica y económica de los ciudadanos.