Un proyecto de ley que pondría fin a las exenciones fiscales para los centros de datos e impediría que los consumidores paguen las facturas de energía, fue aprobado el viernes por el Senado de Georgia.

El proyecto de ley del Senado 410 no permitiría que los nuevos centros de datos recibieran las dos exenciones fiscales, pero sí permitiría que las empresas que actualmente las reciben continúen recibiéndolas hasta que expire la reducción de impuestos.

El senador Chuck Hufstetler, republicano de Rome, dijo que el impacto fiscal de los dos créditos fiscales sobre los equipos necesarios para los centros de datos ha aumentado según la nueva información del Departamento de Ingresos. 

En cuanto al impacto de los créditos fiscales, Hufstetler comentó: “Cuando se presentó y votó el último proyecto de ley, estos centros de datos representaban aproximadamente 100 millones de dólares. Ahora, la cifra asciende a unos 2.500 millones de dólares para estos dos créditos. El dinero que recibe el estado para la parte correspondiente a estos centros de datos supera el total de los impuestos sobre la renta que recauda el estado de Georgia durante un mes entero. Preferiría que no se implementaran hasta 2032”.

Según un informe de diciembre  del Departamento de Auditorías y Cuentas del Estado, solo el 30% del auge de los centros de datos en Georgia puede atribuirse a la exención fiscal de 2018 destinada a apoyar al sector. 

El informe, elaborado por el Instituto de Gobierno Carl Vinson de la Universidad de Georgia, contradijo el estudio de la misma universidad de 2022, que estimaba que el 90% de la actividad de los centros de datos de Georgia se debía a la exención fiscal.

Si bien el proyecto de ley incluye exenciones fiscales, utiliza un lenguaje diferente en cuanto a la protección del consumidor que el Proyecto de Ley del Senado 34 propuesto por Hufstetler. El SB34 nunca llegó a votarse en el pleno. El senador Matt Brass, republicano de Newnan y principal promotor del Proyecto de Ley del Senado 410, afirmó que el SB34 habría invadido el ámbito de la fijación de tarifas, responsabilidad de la Comisión de Servicios Públicos.

El proyecto de ley revisado exige que los contratos entre los centros de datos y las empresas de servicios públicos incluyan una cláusula que "proteja a los clientes residenciales y minoristas de electricidad de los costos asociados con el servicio a nuevos clientes de gran consumo".

“Por lo tanto, al abordar los contratos, también incluimos la intención de garantizar que los usuarios no paguen la factura, que no paguen el costo de las mejoras en nuestra infraestructura debido a los centros de datos”, dijo Brass.

Hufstetler dijo que votaría a favor del proyecto de ley, pero que este no proporciona a los ciudadanos la protección que necesitan.

«Lo que no responde es: si se construyen 14 gigavatios de potencia, y un usuario consume 100 megavatios y otro 500 megavatios, y la suma total es inferior a cinco gigavatios, ¿quién paga los otros nueve gigavatios?», dijo Hufstetler. «En esa situación, los consumidores no cuentan con ninguna protección».

La Comisión de Servicios Públicos de Georgia aprobó por unanimidad un plan de Georgia Power que permite a la compañía añadir casi 10 000 megavatios de potencia durante su reunión de diciembre de 2025. La compañía afirmó que garantizaría 556 millones de dólares en ingresos anuales procedentes de clientes de alto consumo cuando presente su próxima solicitud de ajuste tarifario en 2028, y que ejercería presión a la baja sobre las tarifas.

La demócrata de Atlanta, Elena Parent, afirmó que la norma tiene "más agujeros de los que cabría un camión", al hablar en contra del proyecto de ley.

“Esto es vergonzoso”, dijo Parent. “El público entiende lo que está pasando aquí y les estamos mostrando el dedo medio”.

El proyecto de ley fue aprobado por 32 votos a favor y 21 en contra, con todos los demócratas votando en contra. La Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley similar el 17 de febrero.