Una reciente normativa federal ha transformado las reglas de juego para los camioneros inmigrantes en territorio estadounidense. ¿Cómo? Limitando drásticamente quiénes pueden ponerse tras el volante de vehículos de carga.

La medida, implementada por la Administración Federal de Seguridad de Motores, elimina la posibilidad de que miles de trabajadores con permiso de empleo puedan obtener o renovar sus credenciales. A partir de ahora, el sistema exige tipos de visado muy específicos. Con esto dejan en una situación crítica a solicitantes de asilo y beneficiarios de programas como el TPS o DACA.

El efecto de esta regulación no solo se sentirá en las fronteras o en las oficinas de tránsito. En teoría, amenaza con golpear directamente el bolsillo de los consumidores.

Dado que el transporte por carretera moviliza cerca del 70% de los productos básicos en el país, la reducción progresiva de la fuerza laboral podría disparar los costos logísticos y generar desabastecimiento. La industria estima que hasta 200,000 conductores quedarían fuera del sistema a medida que sus licencias actuales comiencen a vencer.

Aunque el Gobierno justifica esta decisión bajo argumentos de seguridad vial y estándares de control más rigurosos, diversos sectores laborales y de derechos civiles ya han llevado el caso ante los tribunales.