Costa Rica presentó un marco ampliado de pagos por servicios ecosistémicos que valora el capital natural del país en 14.500 millones de dólares anuales, lo que supone una evolución significativa del sistema de pagos ambientales de mayor duración en el mundo.
La propuesta de Pago por Servicios Ecosistémicos 2.0 se basa en la pionera Ley Forestal de Costa Rica de 1996, que estableció el primer programa nacional de pago por servicios ecosistémicos. El esquema original compensaba a los propietarios privados por la conservación de los bosques, abarcando la captura de carbono, la protección del agua, la biodiversidad y la belleza paisajística. Durante casi tres décadas, el programa invirtió US$524 millones, protegiendo 1,3 millones de hectáreas y beneficiando a más de 18 000 familias, incluyendo comunidades indígenas y pequeños agricultores.
Costa Rica revirtió una de las tasas de deforestación más altas del mundo mediante el sistema de pago por servicios ecosistémicos. La cobertura forestal se desplomó de más del 50 % en 1950 a tan solo el 25 % en 1995, debido a la conversión de tierras impulsada por el crédito barato para la ganadería, las leyes de titulación que incentivaban la deforestación y la rápida expansión de las carreteras. El Fondo Nacional de Financiamiento Forestal administra el programa, financiado con impuestos a los combustibles fósiles y tarifas de agua. Hoy en día, los bosques cubren casi el 60 % del territorio costarricense, mientras que el país mantiene el crecimiento económico y se encuentra entre las naciones más felices del mundo.
El nuevo estudio de valoración publicado en Ecosystem Services ofrece la primera evaluación integral del valor total del capital natural de Costa Rica. Los investigadores calcularon el valor de los servicios ecosistémicos por hectárea para diferentes ecosistemas utilizando metodologías estandarizadas. Los manglares generan el mayor beneficio económico por hectárea, con US$8.744 anuales, seguidos por los arrecifes de coral con US$3.051, los bosques con US$1.760 y los océanos con US$184.
Los servicios ecosistémicos forestales se desglosan de la siguiente manera: la polinización es el servicio más valorado, con 1047 dólares estadounidenses por hectárea al año; la prevención de la erosión, con 309 dólares; y la regulación climática, con 167 dólares. El análisis revela que los servicios de polinización y prevención de la erosión superan el valor de la captura de carbono, a pesar de que el programa actual se centra en la regulación climática. Estos hallazgos respaldan la ampliación del esquema de pago por servicios ecosistémicos, más allá del carbono, para incluir otros servicios de diversos ecosistemas.
Al multiplicarse por la superficie total del ecosistema, los océanos aportan el mayor valor agregado a pesar de los menores rendimientos por hectárea. El marco ampliado propone abarcar diez servicios ecosistémicos en bosques, manglares, arrecifes de coral, humedales y áreas marinas, en lugar de los cuatro servicios actuales limitados a los bosques. El concepto de Fideicomiso de Capital Natural gestionaría todo el capital natural de Costa Rica, incluyendo la propiedad privada, las tierras públicas y los ecosistemas costeros y marinos.
El marco de pago por servicios ecosistémicos 2.0 introduce a los implementadores como una nueva categoría de participantes que llevan a cabo actividades de conservación y restauración en tierras públicas, incluyendo bosques urbanos, manglares, ríos, arrecifes de coral y mar abierto. Esto contrasta con el modelo actual, que compensa únicamente a los propietarios privados. Una mayor participación permite una mayor implicación social, a la vez que crea oportunidades de sustento para diversos actores, más allá de los propietarios de terrenos forestales.
Costa Rica puso en marcha su primer programa piloto de pago por servicios ecosistémicos marinos en junio de 2025 en el Golfo de Nicoya, en la costa del Pacífico. Esta iniciativa extiende el financiamiento basado en resultados de los entornos terrestres a los costeros y marinos, con el apoyo del Banco Mundial y el Premio Earthshot. Seis asociaciones comunitarias que representan a 157 recolectores de moluscos gestionan más de 6000 hectáreas de manglares en el marco del programa.
Los participantes reciben pagos anuales de US$2,698.85 distribuidos trimestralmente, lo que representa aproximadamente 2.5 veces sus ingresos habituales por actividades de recolección. Los pagos dependen del cumplimiento verificado de las actividades de conservación, que incluyen la acuicultura y repoblación de moluscos, el monitoreo de ecosistemas, la vigilancia contra actividades ilegales y la recolección sostenible alineada con los planes de manejo aprobados. Cada asociación firma contratos anuales renovables según su desempeño y los recursos disponibles.
El primer programa piloto de pago por servicios ecosistémicos marinos se puso en marcha en junio de 2025 en los manglares del Golfo de Nicoya, compensando a 157 recolectores de moluscos que gestionan 6000 hectáreas con pagos anuales de 2698,85 dólares estadounidenses, lo que representa 2,5 veces los ingresos típicos de la recolección, a la vez que incentiva el monitoreo de la conservación y las prácticas sostenibles. Foto de Eelco Böhtlingk en Unsplash.
El Ministerio de Ambiente y Energía, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura y la Fundación Banco Ambiental formalizaron el proyecto piloto marino mediante un convenio de cooperación interinstitucional. El Decreto Ejecutivo 44558-MINAE proporciona el marco legal para el reconocimiento y la compensación de las prácticas sostenibles de gestión de manglares, al tiempo que posiciona a las comunidades costeras como guardianas de primera línea de los ecosistemas.
El modelo de pago por servicios ecosistémicos marinos reconoce las características ecológicas y socioeconómicas únicas de los manglares, aportando beneficios para la biodiversidad, la pesca y la resiliencia climática. Los manglares almacenan carbono a un ritmo superior al de la mayoría de los bosques terrestres, protegen las costas de las tormentas y la erosión, y sirven de hábitat de cría para especies de importancia comercial. Sus densos sistemas radiculares retienen sedimentos y filtran contaminantes.
Los desafíos de sostenibilidad financiera impulsaron el rediseño del sistema de pago por servicios ecosistémicos. Los ingresos fiscales provenientes de los combustibles fósiles, que sustentan el programa original, están disminuyendo a medida que Costa Rica avanza hacia la transición a energías limpias. El rediseño de 2024 explora mecanismos de financiamiento alternativos, como impuestos verdes, reformas a los subsidios, tarifas y la creación de un Banco de Capital Natural. El financiamiento innovador garantiza la continuidad del programa, al tiempo que amplía su alcance y participación.
Los investigadores desarrollaron un Índice de Prioridad de Capital Natural que identifica las áreas donde las inversiones generan los mayores beneficios socioeconómicos y ambientales. El índice estima espacialmente la provisión de servicios ecosistémicos, las amenazas a la sostenibilidad y las zonas de alto valor de conservación. Esta herramienta de focalización mejora la eficiencia al dirigir los recursos limitados hacia los lugares que ofrecen el mayor beneficio por dólar invertido.
Costa Rica recibió reconocimiento internacional por sus logros en la conservación de los bosques, incluyendo US$60 millones del Fondo de Asociación para el Carbono Forestal del Banco Mundial para reducir las emisiones de carbono en 12 millones de toneladas hasta 2025. Los pagos iniciales, que suman US$33,9 millones, compensan las reducciones de emisiones verificadas y, al mismo tiempo, apoyan planes de reparto de beneficios que mejoran los ingresos rurales y la resiliencia económica en las comunidades que dependen de los bosques.
La evolución de los pagos por servicios ecosistémicos incorpora la equidad de género y los derechos indígenas. Las fincas propiedad de mujeres reciben una puntuación prioritaria en los proyectos de protección forestal, mientras que los territorios indígenas operan bajo condiciones especiales que promueven la participación comunitaria. Alrededor de 100 000 indígenas se benefician de los incentivos del programa. Un Plan de Acción de Género orienta la distribución equitativa de los beneficios derivados de las actividades de reducción de emisiones.
La participación comunitaria va más allá de los beneficiarios de los pagos. Las campañas de sensibilización educan a los residentes sobre los valores de los ecosistemas y las prácticas de conservación. Las iniciativas de voluntariado fomentan la participación ciudadana en actividades de restauración. Las escuelas integran la educación ambiental, mientras que las empresas patrocinan plantaciones y proporcionan terrenos para infraestructura verde. El programa pasó de ser un mecanismo puramente ambiental a un instrumento social que promueve comportamientos proambientales en toda la sociedad costarricense.
El marco ampliado representa una gestión adaptativa que responde a las necesidades y oportunidades cambiantes. El Fondo Fiduciario para el Capital Natural operaría bajo una gobernanza flexible, lo que permitiría la incorporación de nuevas modalidades de conservación, innovaciones tecnológicas y ajustes a los mecanismos financieros sin procesos burocráticos complejos. Esta adaptabilidad garantiza su relevancia a medida que avanza la comprensión de los servicios ecosistémicos y las técnicas de conservación. La evolución del sistema de pago por servicios ecosistémicos de Costa Rica ofrece un modelo para los países que buscan valorar y proteger el capital natural mediante mecanismos de mercado. El marco demuestra cómo los gobiernos pueden crear incentivos económicos para la conservación, al tiempo que apoyan los medios de vida rurales y el bienestar de las comunidades. Al expandirse más allá de los bosques para abarcar los manglares, los arrecifes de coral y los ecosistemas oceánicos, el programa reconoce la totalidad de las contribuciones de la naturaleza al bienestar humano y la prosperidad nacional.