¿Puede el gasto social cambiar la realidad de la pobreza en Ecuador? ¿Es la transformación digital el camino para fortalecer la gestión pública? En el debate nacional sobre política pública se cuestiona la efectividad del gasto social y la eficiencia de las iniciativas digitales. Al sur del país se ensaya una propuesta distinta: medir, transparentar y evaluar en tiempo real la gestión pública y su intervención en el territorio.
La génesis de esta propuesta tecnológica no nace de la intuición, sino de una investigación económica. El estudio El gasto social y la pobreza multidimensional en Ecuador, realizado por el equipo de expertos del Grupo de Investigación Urbana y Regional anexo a la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), analizó si el incremento del gasto público incidía en la reducción de la pobreza. El estudio construyó un índice de pobreza multidimensional utilizando teoría de conjuntos difusos, superando la tradicional medición dicotómica.
De la teoría económica a la realidad territorial
“Nos planteamos identificar el efecto del gasto social sobre la pobreza multidimensional en Ecuador”, explica Diego García, investigador y director de la Carrera de GovTech y Administración Pública.
“Normalmente las medidas actuales se basan en una línea de pobreza que identifica presencia o ausencia. Nosotros eliminamos esa dicotomía y la trabajamos como un grado de privación, lo que nos permite identificar niveles de pobreza en la población”, detalla García.
A partir de un modelo econométrico Probit multinomial ordenado, aplicado a datos provinciales en el periodo 2009 y 2017, se obtuvieron resultados reveladores. El gasto en bienestar social tiene efectos significativos sobre la pobreza multidimensional en Ecuador, mientras que el gasto en educación y salud no lo son. Para García, los resultados evidencian que un aumento del 1 % en el gasto per cápita en bienestar social disminuye en 5,3 % las probabilidades de que las provincias tengan niveles de pobreza “muy altos”.
Entonces, con esta información extraída y analizada, surge la pregunta: ¿por qué educación y salud no reflejan impacto directo? La respuesta es estructural. “En nuestro país, por mandato constitucional se establece que la educación y salud son gratuitas. Eso implica que todos se benefician del gasto, incluso quienes no están en situación de pobreza. Por eso es difícil medir su impacto focalizado”, señala el experto.
Inaccesibilidad de datos como barrera institucional
Así también, García señala que la investigación enfrentó una dificultad que reveló otro problema institucional: la información pública no estaba disponible en formatos procesables. “Los datos que conseguimos se encontraban en PDF, lo que generó retrasos en la investigación porque se tuvo que transcribir gran parte de la información del gasto social”, indica. La dificultad no era la inexistencia de datos, sino su inaccesibilidad.
Este hallazgo condujo a una reflexión estratégica: si los datos no son abiertos ni estructurados, la investigación académica y la ciudadanía quedan excluidas del análisis. Así nació la idea de una plataforma que organizara, sistematizara y evaluara la gestión pública bajo estándares internacionales. De esta necesidad emerge GOBAB, una plataforma de gobierno abierto que constituye una herramienta para facilitar la evaluación y la toma de decisiones.
El propósito es fortalecer la gestión del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal (GADM) de Loja hacia un modelo de gobierno abierto. Con el enfoque de innovación social y la adopción de un Sistema Integral de Evaluación basado en la norma internacional ISO 18091:2019, su estructura está alineada con treinta y nueve indicadores distribuidos en cuatro ejes estratégicos: desarrollo institucional, desarrollo económico sostenible, desarrollo social inclusivo y desarrollo ambiental sostenible.
Semaforización de la gestión pública
Cada indicador se relaciona con metas específicas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y se evalúa mediante un sistema de semaforización. El verde indica cumplimiento aceptable, el amarillo señala áreas de mejora y el rojo marca prácticas inaceptables. “El primer paso es el autodiagnóstico.
Mediante la recolección de evidencias documentales y resultados las contrastamos con los requerimientos de la norma. Eso permite identificar brechas reales de gestión”, explica Fredy Gómez, investigador del proyecto e integrante del Grupo de Investigación de Desarrollo y Crecimiento Económico.
La lógica es rigurosa, ningún proyecto puede evaluarse solo por su ejecución en territorio, sino de manera integral. Cada indicador de la norma y su aplicación en el gobierno local se respalda bajo evidencia institucional, normativa, presupuestaria, planificación técnica, resultados y visibilización de los responsables de ejecución. La implementación de GOBAB ha tomado más de cuatro años y ha involucrado a varias administraciones municipales.
La voluntad política ha sido clave y requiere del compromiso de las instancias municipales relacionadas con los procesos, productos y servicios que ofrece la institución. El piloto de prueba inició en el Municipio de Loja. En esta entidad, “la rotación de personal ha sido uno de los principales desafíos, así como la heterogeneidad de la documentación y la verificación de resultados”, reconoce Gómez.
Estándares globales y sostenibilidad normativa
El proceso de adaptación del Sistema Integral de Evaluación presenta cuatro resultados: operatividad y funcionalidad de la plataforma tecnológica, propuesta de Observatorio Ciudadano, proyecto de Ordenanza y fortalecimiento de capacidades técnicas. Estos definen el marco referencial para fortalecer la gestión municipal hacia un modelo de gobierno abierto sostenible. El modelo se alinea con los principios de la Alianza para el Gobierno Abierto, que promueve transparencia, participación y rendición de cuentas.
Loja aún no forma parte formal de esta red global, pero el objetivo es cumplir los requisitos a través de evidencia documentada en la plataforma. “El momento en que la plataforma demuestra transparencia real, el Municipio puede cumplir uno de los pilares fundamentales del gobierno abierto”, señala García. Actualmente, la plataforma ha hecho su trabajo: semaforizar la gestión pública. En este ejercicio, el Municipio de Loja cuenta con indicadores sólidos, así como indicadores por fortalecer.
Esta radiografía es un punto de partida para demostrar que la transformación digital y la transparencia pueden convertirse en herramientas de mejora continua. Finalmente, con esta práctica de transformación digital, Loja se convierte en un caso piloto que articula academia, gobierno local y ciudadanía. El desafío ahora es escalar la experiencia sin perder rigurosidad técnica ni sostenibilidad normativa.
Datos adicionales:
∙Estudio sobre gasto social y pobreza multidimensional realizado por el Grupo de Investigación Urbana y Regional de la UTPL.
∙Un aumento del 1 % en gasto per cápita en bienestar social reduce en 5,3 % la probabilidad de pobreza muy alta.
∙La plataforma se alinea con la norma internacional ISO 18091:2019 para gobiernos locales.
∙El sistema GOBAB evalúa treinta y nueve indicadores distribuidos en cuatro ejes estratégicos de desarrollo.
Investigadores. Diego García Vélez, Ph. D.
Doctor en Economía y Gestión Empresarial en la Universidad de Alcalá-España. Magister en Gerencia y Políticas Públicas por la Universidad de Santiago de Chile. Economista por la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL). En la actualidad es director de la carrera de Administración Pública de la UTPL, es profesor del Departamento de Economía, impartiendo docencia en los componentes de Fundamentos de Economía, Propuesta de Investigación y Políticas Públicas. Realiza sus investigaciones en la línea de Pobreza y Exclusión Social, además, forma parte del grupo de investigación: Economía Urbana y Regional. Es miembro activo del Circulo de Estudios Latinoamericanos (CESLA), miembro titular de Grupo Núcleo de Estado Abierto Ecuador y Ex-Vicepresidente de la Red Ecuatoriana de Gobierno y Administración Pública (REGAP).
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Mgtr. Fredy Gómez Correa
Economista graduado en la Universidad Técnica Particular de Loja, Magister en Gestión y Desarrollo Social, experiencia de 5 años en la coordinación del área de deportes, recreación y cultura UTPL, relaciones externas DGMU y área social DGMU, experiencia laboral 1 año y medio en el banco de Loja como analista de riesgo en la unidad de riesgos, responsable administrativo del departamento ciencias de la salud utpl.
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Redacción. Kruzkaya Ordóñez González, Ph.D.
Ph.D en Comunicación e Información Contemporánea. Máster en Comunicación e Industrias Creativas por la Universidad de Santiago de Compostela. Licenciada en Comunicación por la UTPL. Docente Titular anexa al Departamento de Ciencias de la Comunicación Universidad Técnica Particular de Loja, Grupo de investigación de Comunicación audiovisual GICA. Líneas de investigación comunicación audiovisual, comunicación digital, periodismo de investigación. Profesora de pregrado y postgrado. Coordinadora de Titulación de la Carrera de Comunicación de la UTPL. Miembro de la Red de Narrativas Audiovisuales, Red Xescom, Red RICE, del Comité de Periodismo educativo del Ecuador.
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Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL)
La UTPL es una institución de educación superior que surge el 3 de mayo de 1971, al sur del Ecuador, para contribuir al desarrollo sostenible del país, a través de una enseñanza de calidad en dos modalidades de estudio: a distancia y presencial, y con programas de tecnologías, grado, maestría, educación continua y formación empresarial. Alineada de forma indisociable a la academia, investigación, innovación y emprendimiento. La universidad se fundamenta en el humanismo de Cristo para ser impulsora de una
formación integral en valores y competencias académicas.
Con 51 años de experiencia, la UTPL se consolida en un Parque Científico y Tecnológico que permite experimentar y crear el propio conocimiento en apoyo al sector productivo para llevarlo a la vanguardia del siglo XXI y finalmente —desde una visión global con aplicación local— transferirlo a la sociedad, generando
soluciones innovadoras a problemáticas reales del entorno.