Movimientos inusuales de dinero, depósitos más altos de los promedios que normalmente recibe un usuario, falta de información que justifique los ingresos y otros perfiles de alto riesgo, pueden causar que una operación sea reportada como sospechosa por bancos, comercios, empresas de remesas y otras entidades, ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Esta entidad, que recopila y analiza la información financiera relacionada con presuntos delitos del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, recibe a diario reportes con operaciones sospechosas.

Para el cierre del segundo trimestre del año, que son las cifras más recientes, la UAF contaba con 1,804 reportes de operaciones dudosas acumuladas, la mayoría procedentes de operaciones de remesas, con 866 casos, seguido de operaciones en bancos con 760 reportes.

En comparación con las cifras del cierre de junio de 2022 cuando se registraron 1,688 reportes acumulados, los casos reportados aumentaron 6.8%.

También se han registraron operaciones sospechosas de transacciones en emisores de medios de pago y dinero electrónico, 18 en financieras, 17 en juegos de azar, otras 17 transacciones de venta de automóviles y 15 en el mercado de valores, además de 13 operaciones en cooperativas.

Actividades y transacciones de servicios de abogados, seguros, fiduciarias, bienes raíces, y en la Zona Libre de Colón, así como operaciones en zonas económicas especiales como Panamá Pacífico también se reportan en caso de que se intuya posibles delitos y riesgos financieros.

De los 1,804 reportes de operación sospechosa registrados en la UAF, 976 corresponden al acumulado en el primer trimestre, y el resto en el segundo trimestre.

En el año 2022, la UAF contabilizó un total de 5,028 reportes de operaciones sospechosas, de esta cantidad, 3,236 correspondieron a casos de remesas y 1,444 a transacciones bancarias.

Abdiel Castrellón, miembro de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (Asocupa), dijo que entre junio de 2021 y hasta la fecha se han cerrado más de 100 mil cuentas bancarias por reportes de operaciones sospechosas.

“Es fundamental que los clientes bancarios mantengan una comunicación constante con el banco de referencia y mantengan su información actualizada. Cuando se abre una cuenta, las personas indican que tendrán una cantidad determinada de transacciones y montos que manejarán en su cuenta bancaria, por lo que si posteriormente ese perfil cambia, es importante actualizar su información para evitar que corra el riesgo de algún bloqueo o incluso cierre de la cuenta bancaria”, explica Castrellón.

Candelario Santana, vicepresidente de Asocupa, explicó en un taller para periodistas, que los oficiales de cumplimientoen bancos, financieras, entidades del mercado de valores, entre otros son los encargados de controlar los riesgos en las operaciones financieras, detectar irregularidades e informar a las entidades para mitigar los riesgos y evitar los delitos de blanqueo de capitales, lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.

“En relación a los delitos de blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo, el oficial de cumplimiento tiene que monitorear las actividades de los clientes dentro de las entidades financieras para evitar que sean utilizadas para estos actos ilícitos”, precisa Santana.

Precisa que se cuentan con herramientas de análisis y monitoreo que facilitan el reporte de operaciones sospechosas.

Castrellón explica que cuando se determina que hay operaciones por encima del perfil de transacción y dinero declarado por el cliente de un banco o una entidad financiera, lo que ocurre usualmente es que el banco le pida a ese cliente la justificación de los nuevos ingresos para entender la razón de un depósito o de un retiro.

Gabriel Quintero, presidente de Asocupa, recalcó que según la normativa vigente, es decir la Ley 23 de 2015, se establecen medidas para la prevención del Delito de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, todo sujeto financiero y no financiero debe emitir reportes de operaciones sospechosas que deben ser enviados a la UAF para que luego de un análisis los casos puedan ser investigados en el Ministerio Público.

“Cómo sector financiero empresarial seguimos brindando los insumos necesarios para que se tenga mayor efectividad en el lado del Gobierno para el procesamiento de casos relacionados a los delitos financieros”, apuntó Quintero.

Sostuvo que cada institución financiera o no, que maneje transacciones tiene que validar los riesgos de sus operaciones y de los clientes que maneja en función de diferentes características como el perfil financiero, la actividad económica a la que se dedica el usuario, nacionalidad, monto de la transacción, origen de los depósitos, destino de las transacciones y otros criterios.

Quintero recalcó que es obligación de los bancos cumplir con las normas de la debida diligencia y conocer al cliente por lo que es fundamental a su vez que los clientes bancarios puedan atender el llamado de las instituciones financieras para que actualicen sus datos, justifiquen siempre sus ingresos y sean transparentes.

Informó que del 19 al 20 de octubre se realizará en Panamá el Congreso Internacional de Cumplimiento en el que se abordarán temas como el registro de beneficiarios finales y otras medidas para evitar y mitigar el riesgo de lavado de dinero y otros delitos financieros.