Panamá debe decidir cómo aplicará el impuesto mínimo global de 15%, para no restarle competitividad a los regímenes especiales creados en el país como sede de empresas multinacionales (SEM) y empresas multinacionales relacionadas a la manufactura (Emma), que actualmente representan inversiones por más de US$1.400 millones y al menos 5.000 empleos.

La norma regirá principalmente en los países que pertenecen al Marco Inclusivo del Proyecto contra la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios, Beps por sus siglas en inglés, del cual Panamá forma parte.

Las autoridades panameñas analizan cómo aplicarán este impuesto y qué efecto tendría sobre regímenes económicos especiales como las SEM y Emma, además de las empresas que operan en zonas libres de combustible, zonas francas y otras áreas en las que por leyes locales disfrutan de ciertos beneficios fiscales, menores tasas de impuestos y en algunos casos hasta exenciones completas.

La versión oficial del Gobierno es que el país al formar parte del Foro Global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) se ve obligado también a aplicar este impuesto.

El director general de ingresos, Publio De Gracia, explicó en el marco del congreso de oficiales de cumplimiento, que el país firmó con más de 130 naciones el compromiso de estudiar y participar en la implementación de los pilares que contemplan impuestos a la economía digital y a las multinacionales, entre otros temas.

“Ya hay avances en la aplicación del impuesto mínimo global y hay países que están trabajando fuertemente en la aplicación de estos temas. Panamá participa en la discusión y estudia este tema y recientemente junto con el Ministerio de Economía y Finanzas, las empresas SEM y el Ministerio de Comercio e Industria se tuvo el primer acercamiento formal para explicar de qué trata esto. No hay una decisión, ni la habrá en el corto plazo”, afirmó De Gracia.