Afirmó que el consorciado jugaría un papel transversal de gran importancia en la reconversión que requiere el sector agroalimentario dominicano.

Recordó la reciente introducción en el Congreso de la República por parte del presidente Danilo Medina de un anteproyecto de Ley de Inversión Público-Privada, y la Ley 189-11 para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y Fideicomiso, instrumentos que promueven el consorciado en el país.

Explicó que las alianzas público-privadas aluden a convenios donde un ente del sector privado administra y utiliza un bien del Estado con un fin comercial.

En el caso de la agropecuaria nacional, Chávez indicó que las asociaciones, cooperativas y clústeres de productores están caracterizadas por bajo nivel de asociatividad, escasa habilitación para obtener créditos, baja aplicación de tecnologías y de buenas prácticas, frecuentes pérdidas por falta de mercado y ataques de plagas y enfermedades.

“El trabajo mancomunado entre organizaciones de productores e inversionistas privados aseguran procesos eficientes, tecnologías, buenas prácticas agrícolas, mercados y resultados positivos para los vinculados”, expresó, en una nota de prensa.

Precisó que el medio idóneo para la implementar un buen consorciado lo provee la Ley No. 189-11, y puntualizó que el fideicomiso es considerado como el vehículo financiero apropiado para administrar los bienes y recursos de las alianzas público- privadas (APP), ya que, en el desarrollo de un proyecto, es un actor neutro que protege los intereses de particulares y del Estado.

Puntualizó que AGRODOSA y el CONSORCIO CITRICOS DOMINICANOS son dos ejemplos locales de consorciado público-privado del sector agroalimentario, y que el IAD está promoviendo este tipo de alianza para impulsar proyectos de desarrollo agropecuarios, “pero que se requiere mayor impulso para promover este tipo de inversión”.